Moldavia vulneró las garantías del debido proceso de un Fiscal investigado por hechos de corrupción, al negarle un recurso efectivo para impugnar su suspensión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra Moldavia por vulnerar el debido proceso de una autoridad denunciada en sede penal, que fue suspendida de su cargo sin las garantías procesales debidas. Constató una vulneración del artículo 6.1 (derecho a un tribunal imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En 2021, el Fiscal General de Moldavia fue denunciado por un miembro del parlamento, que lo acusó de realizar actos contrarios a la probidad. La denuncia fue interpuesta ante el Consejo Supremo de Fiscales (SCP), que designó a un fiscal anticorrupción para investigar los hechos, el cual imputó penalmente al acusado por la presunta comisión de los delitos de abuso de poder, secuestro, falsificación y abuso de autoridad. Ese mismo día fue suspendido de su cargo.

El Fiscal General apeló la resolución del SCP que designó a un persecutor para investigarlo. Adujo que esta decisión debía ser adoptada por la fiscalía y no por la SCP, por no ser una autoridad fiscal en la materia. Su pretensión fue rechazada en todas las instancias nacionales, hasta que en 2023 el gobierno dictó un decreto de destitución en su contra.