La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de unas familias indígenas del pueblo triqui, que se han visto afectadas por hechos de violencia. Consideró que los hechos denunciados cumplen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para la dictación de estas medidas.
En 2020, un grupo de personas, también perteneciente a la etnia triqui, ingresó en forma violenta a las tierras de las familias afectadas, las cuales fueron desplazadas forzosamente tras ser despojadas de sus propiedades. Debido a este y otros actos de violencia, el Estado implementó medidas para disminuir la conflictividad de la zona, como ayudas económicas y esfuerzos en materia de seguridad.
Sin embargo, a pesar de estas medidas se han producido nuevos hechos de violencia. Recientemente un grupo atacó con armas de fuego a personas desplazadas, entre ellas niños y personas mayores. Por ello, para los solicitantes de las medidas es imperativo que el Estado asegure el retorno seguro de los afectados, para proteger su vida e integridad.
En su análisis de fondo, la CIDH observa que “(…) el desplazamiento interno afecta de forma desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas particularmente a aquellos de escasos recursos, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por parte de las instituciones del Estado. En el Informe Anual de 2021, se observa con preocupación la intensificación de los ataques armados y la situación de violencia que enfrentan distintas comunidades indígenas”.
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Agrega que “(…) el desplazamiento ha significado la pérdida de identidad social y cultural, en particular, para los Pueblos Indígenas, que tienen un especial apego a sus tierras ancestrales. Familias indígenas desplazadas lamentaron que las nuevas generaciones hayan perdido el vínculo con su territorio, y se hayan debilitado sus usos y costumbres. Mujeres indígenas desplazadas expresaron preocupación por el hecho de que sus hijas e hijos estén perdiendo su lengua materna, y adultos mayores indígenas expresaron su temor a morir lejos de sus comunidades de origen”.
Comprueba que “(…) las medidas implementadas no han sido suficientes para mitigar la situación de riesgo de las personas propuestas beneficiarias y para garantizar su regreso seguro a la comunidad. En ese sentido, tras la ocurrencia del desplazamiento de las personas propuestas beneficiarias en 2020, hubo dos intentos de reingreso a la comunidad, en enero de 2021 y en abril de 2022, ambos frustrados por la utilización de violencia por parte de personas armadas, persistiendo a la fecha la situación de la población desplazada”.
La CIDH concluye que, “(…) si bien se valoran las acciones adoptadas por el Estado para proteger los derechos de las personas propuestas beneficiarias, tras el análisis realizado sobre la situación planteada, se observa que se encuentran cumplidos los requisitos, de tal manera que resulta pertinente la adopción de medidas cautelares. Finalmente, no existen elementos suficientes para valorar los cuestionamientos en torno a la ayuda humanitaria brindada. Sin embargo, se llama al Estado continuar con tales acciones”.
Al tenor de lo expuesto, la CIDH solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las familias afectadas, y para garantizar su regreso en forma segura a su comunidad.
Vea resolución Comisión Interamericana de Derechos Humanos 62.2023.