Medida proporcionada.
Instalación de cámaras ocultas en el lugar de trabajo para descubrir al autor de un hurto no vulnera la intimidad de los trabajadores, resuelve un tribunal español.
La existencia de una sospecha razonable de que se ha cometido una falta grave y la magnitud de las pérdidas identificadas constituye una justificación de peso para descartar la vulneración del derecho a la intimidad. Diferente sería el supuesto de que las cámaras se hubieran instalado por la empresa demandada como medida general de control.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (España) desestimó el recurso deducido por un trabajador que fue despedido tras ser sorprendido hurtando en su lugar de trabajo. Confirmó el fallo que declaró la procedencia de la desvinculación al considerar que el medio empleado para acreditar las infracciones del empleado se ajustan a derecho y fueron proporcionados.
Según los hechos narrados, una empresa instaló una cámara oculta en sus dependencias, con el fin de identificar al empleado que había hurtado cartuchos de tinta de impresora en al menos tres ocasiones. Unos días después el empleado infractor fue despedido disciplinariamente tras ser descubierto, por lo que el empleador procedió a retirar la cámara.
Posteriormente el trabajador demandó a la empresa para solicitar su readmisión y una indemnización por daño moral al estimar que se había vulnerado su derecho a la intimidad por no haber sido informado sobre la cámara que lo delató. Su pretensión fue rechazada por el juez a quo que estimó la procedencia del despido. Sin embargo, el hombre recurrió este fallo vía suplicación, aduciendo que la medida implementada por la empresa fue desproporcionada y carente de justificación legal.
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