No todas las ofensas verbales son acreedoras a la sanción de despido, sino aquéllas que injustamente ataquen al honor de la persona; y siempre que ello se realice dentro de la esfera de la relación laboral o con ocasión de ella, pero sin que deba fijarse en forma objetiva, sino que ha de conectarse con la ocasión en que las ofensas se infirieron por el trabajador al superior, y sus circunstancias de lugar y tiempo.
La falta por la que ha sido sancionada la demandante reviste una cierta gravedad y no se considera que la misma, en este caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias, haya de ser atenuada por el alcoholismo que pudiera padecer la demandante, el cual puede incluso constituir una segunda falta disciplinaria.
La ley de lesa majestad de Tailandia tipifica como delito los insultos contra la monarquía. La aplicación de esta ley ha enfrentado críticas generalizadas por sus duras penas y sus contravenciones al debido proceso.
No hubo tolerancia porque cada vez que el actor faltó injustificadamente a su trabajo se procedió al descuento de su salario. No hubo dejación de la facultad disciplinaria que se ejercitó dentro del plazo de prescripción. Tampoco actuación maliciosa del demandado tendiente a dejar pasar el tiempo para que el actor incurriera en más ausencias injustificadas y así poder imponer una sanción mayor, razona Tribunal español.
Si bien la proporcionalidad entre el incumplimiento y la medida sancionatoria queda sujeta a la ponderación judicial, este ejercicio debe efectuarse considerando parámetros verificables, que nos aproximen a las nociones de adecuación, necesidad y proporcionalidad.
Si bien el recurrente se expresó en contra del Directorio de manera desafortunada, la Corte estimó que los dichos no constituyen una infracción de la envergadura necesaria para aplicar la máxima sanción establecida en los estatutos.
