Diario Constitucional

Estándar de protección consagrado en la Constitución.

Autoridades tienen el deber de garantizar el suministro de medicamentos a personas con enfermedades crónicas y reembolsar los gastos si aquellos han adquirido directamente el medicamento, resuelve la Corte Suprema de México.

El derecho a la salud representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las personas el disfrute de servicios de salud a través de la atención médica, cuya finalidad es proteger, promover y respetar la salud de manera preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar físico y mental, para así contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

Por Redacción·03 de enero de 2024·3 min de lectura
imagen: humanidadescomunidad.unam.mx
Referencial

La Corte Suprema de México acogió el amparo deducido contra las autoridades estatales por no conferir oportunamente los medicamentos requeridos por un hombre que padece cáncer. Estableció un estándar general de protección del derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal de México, dictaminando que es deber del Estado garantizar y asegurar el suministro de los medicamentos de aplicación periódica.

El caso versa sobre un hombre que fue diagnosticado con cáncer de pulmón etapa IIIB, el cual era tratado con quimioterapia y radioterapia. Por ello debía consumir diariamente una tableta de ochenta miligramos del medicamento Osimertinib durante 12 meses, periodo que posteriormente se extendió a indefinido con fines paliativos.

En este contexto, dedujo demanda de amparo contra las entidades de salud pública involucradas, por la falta de entrega oportuna del medicamento requerido. Finalmente tuvo que adquirirlo por sus propios medios, por lo que exigió el reembolso de los gastos. Tras recepcionar los informes evacuados por las entidades requeridas, el juez resolvió sobreseer el caso al estimar que el hombre había recibido su medicación. Posteriormente, el afectado accionó ante la Corte Suprema.

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