Lista de espera en Salud: ¿Vulneración de derechos del paciente? Por Rubén Cáceres Palacios

Hemos tomado conocimiento durante estos días de la noticia relativa a las listas de espera en materia sanitaria y que la autoridad en la materia reporta la cifra de 38 mil personas que fallecieron estando en alguna lista de espera durante el año 2022[1]. Como podemos apreciar por la ciudadanía se ha generado en el inconsciente colectivo que la salud en nuestro país desde hace mucho tiempo ha sido objeto de críticas en cuanto a su funcionamiento, administración, incorporación tanto de instrumental como especialistas, creación de mayores recintos sanitarios, atenciones en los plazos regulados por ordenamiento jurídico sanitario, y que en contrapunto nos encontramos con este tipo de noticias, que acrecientan aquel cuestionamiento social respecto a nuestro sistema de salud.

Debemos tener presente que el paciente acude al prestador sanitario en busca del tratamiento a su sintomatología, en vía de restablecer su salud antes del aquejamiento que motiva su concurrencia a un prestador de salud, y que este último en aplicación de sus conocimientos, es decir en aplicación de su lex artis, que consiste en los conocimientos afianzados por el profesional médico así como todo trabajador de la salud, sean conocimientos adquiridos en su formación profesional-académica así como las directrices normativas que exige su quehacer profesional y que en la práctica se plasma en lo que conocemos protocolos, guías clínicas, normas técnicas, circulares, etc.

Así las cosas, sabemos que en estas prestaciones están en riesgos bienes jurídicos de suma relevancia como lo son la vida, la integridad física y psíquica y la salud, todas unidas consecuencialmente, y que al momento de generarse una mala praxis médica con infracción a la lex artis que regula su ejercicio, hago esa ponderación ya que somos contestes en que la prestación médica conlleva riesgos asociados, y que para ello existe en la relación médico-paciente como parte del principio fundamental de ese vínculo como lo es el de información al paciente, la institución del consentimiento informado, donde se le da a conocer al paciente los riesgos propios de prestaciones a realizar en su persona, y que habiendo cumplido con los estándares de ser una información completa, clara desprovista de todo tecnicismos, los alcances de los riesgos involucrados, tomar en consideración que si esos riesgos aumentan o no en virtud de la salud del paciente y posibles condiciones de bases, todos factores a considerar al momento de llevar a cabo la prestación sanitaria, y contar con la voluntad del paciente para seguir adelante, por lo cual vemos un escenario en existen parcelas de riesgos asumidos por las partes, siempre y cuando esa prestación se lleve a cabo según las exigencias y reglas que establecen los protocolos que rigen dicho actuar, que además efectivamente exista un diagnóstico acertado de que la prestación a realizar corresponda al estado de salud del paciente ya que de caso contrario todos aquellos riesgos informados por una parte se ven alterados en virtud de que el consentimiento informado se obtuvo para la realización de una prestación que no corresponde a la patología del paciente y por lo cual se generarán daños en su persona ya que habría una infracción a la lex artis médica en su accionar.