La iniciativa, patrocinada por los diputados Héctor Barría, Eduardo Cornejo, Jorge Guzmán, Christian Matheson y Francisco Undurraga, junto a la diputada Marcia Raphael, modifica la ley N° 21.325, de migración y extranjería, para facilitar el reconocimiento y revalidación de títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero.
Los autores de la moción señalan que el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 2006, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, dispone en su artículo 6°, inciso primero, que “a la Universidad de Chile le corresponde la atribución de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales”.
No obstante, agregan, el artículo 143 de la Ley Nº 21.325, de migración y extranjería, amplió la atribución antes señalada a universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación.
Refieren que una reciente medición de Clapes UC, reveló que el 62% de los profesionales migrantes con educación superior completa en Chile se encuentra empleado en trabajos de mediana o baja calificación. Esta subutilización de mano de obra calificada no solo representa una pérdida de oportunidades para el crecimiento y la productividad del país, sino que se transforma en un impedimento para facilitar la inserción de la población migrante en la sociedad chilena. Este problema se atribuye, en parte, al engorroso proceso de validación de títulos, lo que podría corregirse con la ampliación de la atribución de reconocimiento a otras universidades.
Los autores de la moción observan una deficiencia en la reforma que se introdujo a la ley de migración y extranjería, en cuanto se desaprovecha el vasto potencial de instituciones de educación superior de excelencia que no forman parte de las universidades del Estado. Y, además, respecto a las universidades estatales distintas a la Universidad de Chile, desde que aún no se ha emitido el reglamento correspondiente para permitir su participación.
Por lo anterior, proponen introducir dos modificaciones a la Ley Nº 21.325, de migración y extranjería.
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Por un lado, al artículo 143, inciso primero, a fin de reemplazar la frase “universidades del Estado”, por “universidades reconocidas por el Estado”.
Por otro lado, para incorporar un artículo duodécimo transitorio del siguiente tenor: “El reglamento al que se refiere el artículo 143 de esta ley deberá ser dictado dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de este artículo transitorio. En caso contrario, las universidades reconocidas por el Estado con un mínimo de cinco años de acreditación podrán aplicar supletoriamente el procedimiento establecido en el Reglamento sobre Reconocimiento, Revalidación y Convalidación de Títulos Profesionales y Grados Académicos Obtenidos en el Extranjero de la Universidad de Chile.”
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
Vea texto de la moción boletín 16.607-04 y siga su tramitación aquí.
me parece mal dejaría en desventaja laboral a quienes no pueden pagar educación y s quienes el estado no les aporta ni una beca primero la caridad parte por casa luego vamos con el vecino mejor aseguren educación para todos los chilenos y luego vean leyes que sigan beneficiando a extranjeros o migrantes ya que hoy por tanto tratado internacional todos los beneficios son para migrantes y los chilenos son quienes mantiene al pais
Que el estado deje de dar la hora, viven preocupándose de los extranjeros cuando no pueden dar estabilidad ni a su país…