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Imagen: aduana.cl/
Resolución de Diputada y Diputados.

Instan a incorporar al Servicio Nacional de Aduanas al Ministerio de Seguridad Pública.

Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que el desafío está en robustecer las instituciones e innovar en el combate contra el contrabando, el tráfico de drogas, la internación de armas de contrabando, el blanqueo de capitales y otros tipos de fraude o conductas que tienen por objeto un ilícito.

14 de febrero de 2024

Con la votación de 74 votos a favor, 20 en contra y 41 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó una resolución. En ella se pide al Presidente de la República incorporar, en el marco de la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Aduanas como una entidad dependiente de dicha cartera.

Para lo anterior, se plantea que se entreguen las instrucciones pertinentes a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

En el documento se recuerda que el Servicio Nacional de Aduanas es un organismo del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumple una función estratégica y fundamental en el desarrollo del comercio exterior. Igualmente, en el resguardo de los intereses del Estado y en la recaudación fiscal.

Pero, además, se destaca que esta entidad pública también juega un rol preponderante en contra del crimen organizado. Ello es necesario en un contexto en el que los criminales hacen uso de nuevas técnicas para eludir controles en espacios de alto tráfico, como son los puertos aéreos y marítimos de nuestro país.

De ahí la relevancia del rol fiscalizador de Aduanas respecto de las operaciones de importación y exportación. “Es nuestra primera línea de acción ante el actuar del crimen organizado en la salida e ingreso de drogas, armas, etc. Una Aduana fuerte da cuenta de un país seguro”, se enfatiza en el texto.

En tal plano, se estima urgente repensar la institucionalidad que tiene injerencia y cuyo actuar puede ser fundamental para cortar todo tipo de suministros a las bandas del crimen organizado. Por ello, se aspira a su modernización, pero, de igual modo, adaptarla a los desafíos que imponen las nuevas actuaciones de la criminalidad actual.

La resolución la presentaron Rubén Darío Oyarzo, Jaime Araya, Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Gaspar Rivas.

 

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