La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Registro Civil e Identificación por rechazar la solicitud de renovación de pasaporte a un preso político.
El recurrente alegó que, a pesar de que en enero de 2018 la Corte de Santiago acogió un recurso de amparo por el mismo motivo, en diciembre de 2023 el Registro Civil a través del Consulado de Chile en Helsinki (Finlandia), le negó la renovación del pasaporte, en circunstancias que las penas por las que había sido condenado se encuentran cumplidas, en cuanto por su condición de preso político, en octubre de 1992 fue indultado por el Presidente de la República.
Aduce que, la negativa resulta arbitraria e ilegal, por cuanto antes de que su pasaporte venciera y luego de que el recurso de amparo fuera acogido, nunca tuvo ningún inconveniente para ingresar y salir del país, de modo que no se le puede ahora impedir la renovación de su pasaporte, puesto que se le priva del derecho de libertad ambulatoria al no poder viajar a Chile.
El recurrido informó que, “(…) actúa con estricta sujeción a la normativa legal que regula el otorgamiento de pasaportes, contenido en el Decreto Supremo N°1010 de 1989, ya que, debe acompañar copia de la sentencia definitiva ejecutoriada de la causa del Juzgado del Crimen de Santiago, y en caso que sea condenatoria, debe también acompañar el certificado de cumplimiento de la condena.”
La PDI informó que, “(…) a la fecha del informe el amparado no registra orden de detención, arresto ni arraigo vigente, en cuanto con ocasión de la acción de amparo previa, la Corte ordenó eliminar de los sistemas de registro la traba que le había impedido al amparado obtener el respectivo pasaporte.”
Por su parte, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago señaló que, “(…) en la causa penal el amparado fue condenado a dos penas de 60 días de prisión en su grado máximo y 1 año de presidio menor en su grado mínimo, penas que fueron conmutadas mediante Decreto N°1385 de 13 de octubre de 1992, por la pena de 5 años de extrañamiento.”
Finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que, “(…) las penas de extrañamiento de 20 y 5 años del amparado, se encontrarían cumplidas con fecha 1 de enero de 2018.”
La Corte de Santiago acogió el recurso de amparo. El fallo señala que, “(…) en sentencia de enero de 2018, esta Corte, estableció que fue condenado a las penas de presidio perpetuo como autor de los delitos previstos en los artículos 8 de la Ley 17.798 y 1 N°2 de la Ley 18.314; a dos penas de sesenta días de prisión en su grado máximo como autor de dos delitos de lesiones menos graves; a una tercera de un año de presidio menor en su grado mínimo como autor de tenencia de arma de fuego; a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio como autor de robo con intimidación; a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor de robo con intimidación; y a diez años de presidio mayor en su grado medio, más cuatro penas de dieciocho años de presidio mayor en su grado máximo como autor de robo con violencia, robo con intimidación, porte de arma de fuego e incendio frustrado, penas que a su vez fueron conmutadas por dos penas de extrañamiento, de 20 y 5 años respectivamente, mediante Decreto de octubre de 1992 y que ellas fueron cumplidas en Finlandia, y que en el año 2011, ingresó temporalmente al país, debidamente autorizado, por el término de 15 días, por razones humanitarias, no existiendo impedimento alguno para que el amparado pudiese a esa fecha obtener su pasaporte para efectos de ingresar a Chile.”
El referido fallo, “(…) acogió la aludida acción constitucional, sólo respecto de la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, entidad a la que se ordenó disponer de inmediato las medidas tendientes a eliminar de sus sistemas de registro la traba que le impedía al amparado obtener el respectivo pasaporte.”
Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso 2°, del Decreto Nº1010 del Ministerio de Justicia y artículo 10 N°4 del Reglamento de Pasaportes, “(…) pese a que la Policía de Investigaciones de Chile señala haber eliminado de sus sistemas de registro el antecedente penal que impedía al amparado en años anteriores renovar su pasaporte, lo cierto es que no comunicó este antecedente al Servicio de Registro Civil e Identificación, de modo que, en tales circunstancias, la negativa a otorgarle el pasaporte resulta atentatoria de la garantía constitucional prevista en el artículo 17 N°7 letra a) de la Carta Fundamental.”
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En base a esas consideraciones, la Corte acogió el recurso de amparo en contra del Registro Civil e Identificación, sólo en cuanto lo ordenó a disponer lo necesario a efectos de materializar de inmediato la renovación del pasaporte, haciéndose entrega del mismo, en un plazo que no exceda de 10 días.
Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°3132–2024.