A pesar de existir informes que difieren respecto a si el imputado padece o no enajenación mental, no suspender el procedimiento y decretar su prisión preventiva, vulnera su seguridad individual.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Tercer Juzgado de Garantía de la capital que no suspendió el procedimiento conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal y posteriormente decretó la prisión preventiva respecto de un imputado por los delitos de desacato y de amenazas.

El recurrente alegó que, a pesar de que en una causa del año 2022 se decretó el sobreseimiento definitivo en virtud de la causal establecida en el artículo 250 letra e) de Código Procesal Penal, por enajenación mental del imputado, y de haber acompañado un informe psiquiátrico que señala que el amparado padece un trastorno por consumo de sustancia y alcohol y trastorno neurocognitivo mayor moderado, el tribunal con ocasión de la oposición del Ministerio Público decidió rechazar la solicitud de suspensión del procedimiento y tras la formalización procedió a decretar la prisión preventiva, en circunstancias que se contaba con antecedentes que permitían presumir la enajenación mental del imputado.

El recurrido informó que, “(…) el artículo 458 del Código Procesal Penal confía al juez de la causa una labor de ponderación y apreciación de manera que si estima que los antecedentes presentados permiten presumir la inimputabilidad del imputado por enajenación mental, entonces debe suspender el procedimiento y ordenar un informe psiquiátrico, y por el contrario, si los antecedentes no son suficientes ni idóneos ni lo suficientemente actualizados como para presumir que el imputado es un enajenado mental, entonces no suspenderá el procedimiento y la causa seguirá su curso. En consecuencia, estimó que los antecedentes no eran suficientes para presumir desde ya la enajenación mental del imputado, porque uno de los diagnósticos habla de deterioro cognitivo, cuadro clínico que es de tipo crónico y progresivo, y si es progresivo, tiene una evolución, pero no resulta posible concluir en qué momento ese deterioro traspasa la frontera y alcanza el grado de enajenación mental, habiendo estimado el Tribunal que un informe de 2022 no puede ilustrar una realidad del presente año.”