Recurso de amparo acogido.
Corte de Coyhaique ordena mejorar las condiciones de habitabilidad de la sección femenina del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.
El tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que la institución penitenciaria ha vulnerado derechos constitucionales de las privadas de libertad e instrumentos internacionales ratificados y vigentes en Chile sobre la materia.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y por la Defensoría Penal Pública y le ordenó a Gendarmería mejorar las condiciones de habitabilidad de la sección femenina del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.
De los antecedentes vertidos en el recurso, se colige que lo reclamado estriba en las condiciones de habitabilidad en que se encuentran las mujeres privadas de libertad, tanto internas condenadas como imputadas, de la sección femenina del C.C.P. de Coyhaique, las que dicen relación con el espacio en que residen, deficientes condiciones estructurales e higiénicas del mismo, excesivos tiempos de encierro en los dormitorios y su escasa ventilación, tal situación derivaría en diversos problemas de convivencia entre las internas, condiciones de aislación térmica de los dormitorios de la misma sección, considerando el clima particular de la zona; condiciones carcelarias, que vulneran las garantías constitucionales de este grupo de mujeres privadas de libertad en el C.C.P. Coyhaique, así como los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales el Estado de Chile es parte, conculcando su libertad personal y seguridad individual más allá de lo razonable y permitido por la Constitución y las leyes, al poner en riesgo la integridad física y psíquica de aquellas.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso. El fallo señala que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, puede definirse el recurso de amparo como una acción constitucional, de naturaleza excepcional que persigue la tutela y protección de parte de los Tribunales Superiores de Justicia, de la libertad personal y la seguridad individual, frente a actos de particulares o de alguna autoridad, propendiendo al restablecimiento de las garantías conculcadas.
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