Se acoge requerimiento de inaplicabilidad, con prevención.
Normas que supeditan cobro al Fisco de obligaciones del antiguo sistema de ahorro y préstamo a la dictación de un Decreto aprobatorio de la cuenta, produce resultados contrarios a la Constitución.
Al supeditar la exigibilidad de la obligación (y con ello del derecho) a una condición no pactada legal o convencionalmente al tiempo del contrato, y que depende únicamente del deudor, a saber, la dictación y publicación de un decreto supremo, y en la cual ninguna injerencia tiene el acreedor, se vulnera el derecho de propiedad, imponiendo trabas y condiciones que impiden su libre ejercicio.
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto en contra de la frase ”a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta”, contenida en el artículo 5 de la ley 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.
La norma que se solicitó declarar inaplicable en la gestión pendiente -una acción principal de indemnización de perjuicios y subsidiaria de cobro en pesos-, es la siguiente:
“Artículo 5.- Para todos los efectos legales, a contar de la fecha de publicación del decreto supremo aprobatorio de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, del Decreto Ley N° 1.263, de 1975*”.* (Art. 5, Ley 18.900).
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