El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra Lituania por la falta de investigación en un caso de abuso sexual al interior de un hogar de menores. Constató una violación del artículo 3 (prohibición de tratos/investigaciones inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, debido a los apremios sufridos por la víctima y la inobservancia del debido proceso.
Según se narra en los hechos, un menor denunció haber sido víctima de abuso sexual durante su estancia en un hogar para niños, entre 2008 y 2013, donde fue enviado a causa de las restricciones legales sobre la patria potestad de sus padres. A pesar de sus declaraciones y evaluaciones psicológicas que sugerían la posibilidad de abuso, las investigaciones posteriores fueron insuficientes para atribuir responsabilidades.
Los presuntos agresores negaron las acusaciones y no se encontró evidencia física concluyente durante los exámenes médicos. Aunque el demandante solicitó repetidamente un peritaje psiquiátrico y psicológico forense completo, esta petición fue denegada por las autoridades, basándose en la discreción del fiscal para determinar las medidas de investigación apropiadas, resultando en la suspensión de la investigación preliminar debido a la falta de evidencia. Ante esta situación, el menor demandó al Estado ante el TEDH al estimar vulnerados sus derechos.
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En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) los fiscales limitaron en varias ocasiones el alcance de sus investigaciones al escuchar únicamente la versión de los hechos de los presuntos autores. Como afirmó el demandante durante el procedimiento, las investigaciones penales nunca darían resultados si siempre se interrumpieran cuando el sospechoso no confesara”.
Agrega que “(…) se debe tener en consideración el argumento del demandante de que el Tribunal Supremo de Lituania había subrayado anteriormente que la ausencia de testigos en casos de abuso sexual contra menores no podía ser una razón para no investigar y enviar dichos casos a juicio. Por lo tanto, las conclusiones psiquiátricas y psicológicas forenses eran la prueba más importante en tales casos”.
El Tribunal concluye que “(…) ni el fiscal superior ni los tribunales se esforzaron en explicar por qué no había sido necesario un examen psiquiátrico y psicológico forense. Las autoridades adoptaron esta actitud, a pesar de la conclusión de un psicólogo de que podría haberse producido violencia sexual (en el informe del Centro de Asistencia a la Infancia) y de la propia admisión del fiscal de que las escuchas telefónicas revelaron que los cuatro individuos designados como testigos habían iniciado reuniones más a menudo, posiblemente para coordinar sus versiones de los hechos”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal condenó a Lituania a pagar 5.000 euros por concepto de daño moral.
Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 12471.20.