Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lituania debe indemnizar a hombre absuelto que fue involucrado en la adquisición fraudulenta de miles de test para detectar el Covid-19.
Ninguna de las autoridades o tribunales nacionales había proporcionado una explicación adecuada de por qué no había sido posible obtener una orden judicial dadas las circunstancias. Además, la legislación lituana también exigía que fuera necesaria una detención de cualquier duración para impedir que el sospechoso huyera o interfiriera en el proceso, pero las autoridades no abordaron los argumentos presentados por el actor con los que había cuestionado la necesidad de la detención.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra Lituania por vulnerar los derechos de un hombre vinculado al gobierno. Si bien dictaminó que el Estado no vulneró el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos y degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, si tuvo por acreditada una violación a los artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y la seguridad), 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y 10 (libertad de expresión) y una violación del artículo 1 del Protocolo No. 1 (protección de la propiedad).
En 2020, el demandante negoció, en su rol de asesor jurídico y figura en organismos de salud, con una empresa farmacéutica española la adquisición de test de Covid-19, pactando recibir 1 euro por cada prueba vendida al gobierno, totalizando 303.360 pruebas y 5.157.120 euros. En este contexto fue detenido por cargos de soborno, pasando 33 horas en prisión provisional sin mediar una orden de detención.
A pesar de sus quejas, las apelaciones contra su detención y las restricciones impuestas, como confinamiento nocturno y prohibición de ingresar al Ministerio de Salud, resultaron infructuosas. Además, sus bienes, incluyendo cuentas bancarias y automóvil, fueron incautados como medida cautelar. Importantes figuras públicas comentaron sobre el caso tras revelarse públicamente su detención, por lo que el hombre se quejó de desequilibrios en la información, alegando que la fiscalía hizo pública la investigación negándole la posibilidad de hacer sus descargos.
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