La primera sentencia del Tribunal Supremo contenía conclusiones que prejuzgaban la cuestión de la culpabilidad del actor en los procedimientos posteriores. Además, el segundo fallo del Tribunal contenía un lenguaje similar al primero, demostrando que, en general, no había llevado a cabo un nuevo examen del caso.
Los demandantes fueron capaces de asumir una posición dominante sobre las mujeres que habían reclutado y de abusar de su vulnerabilidad para explotarlas con el fin de proporcionar servicios pornográficos, incluso mediante engaños. Además, habían utilizado la “servidumbre por deudas” y la coerción en diversas formas, entre otras tácticas, como medios para controlar a sus víctimas.
Los tribunales nacionales brindaron el nivel requerido de protección a las empresas demandantes. En primer lugar, estas pudieron participar en los procedimientos administrativos para defender sus intereses a través de audiencias orales celebradas a petición de ellas.
La normativa permitirá a los guardias fronterizos expulsar en forma sumaria a los extranjeros que hayan cruzado la frontera lituana sin seguir los procedimientos establecidos, salvo casos especiales. Organismos de derechos humanos han mostrado su preocupación al respecto pues se afectaría el derecho de los migrantes a solicitar asilo.
El artículo 8 no puede interpretarse en el sentido de exigir una revisión judicial a posteriori en todos los casos relativos a un registro o incautación llevado a cabo contra una empresa. Sin embargo, la disponibilidad de dicha revisión puede tenerse en cuenta, junto con otros factores, al evaluar el cumplimiento de estas actuaciones.
Restringir el acceso de los niños a la información sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, cuando dicha información no pudiera considerarse inapropiada o dañina para ellos por ningún otro motivo que no sea la orientación sexual, demuestra que las autoridades tienen preferencia por algunos tipos de relaciones y familias.
