La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que algunas disposiciones de la normativa sindical del país son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), estableciendo un precedente en el ámbito de los derechos laborales. De esta forma acogió el recurso de una trabajadora, auspiciado por el sindicato UNISON, que estimó amenazado el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y reunión, especialmente en el contexto de la actividad sindical.
La mujer, representante laboral del sindicato UNISON, fue suspendida luego de planear y participar en una huelga en 2019. Durante la vigencia de la sanción recibió el salario normal, pero no pudo recibir el pago de horas extras que normalmente habría percibido. En relación a esta cuestión, la Corte consideró que el artículo 146 de la Ley de Relaciones Laborales y Sindicales de 1992 (TULRCA) era incompatible con el artículo 11 del CEDH, que consagra la libertad de reunión y de asociación.
Así, sostuvo que el artículo 146 no protegía a los trabajadores de un perjuicio distinto al despido. Por este motivo, la Corte estimó que esta legislación no logró “un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos de los trabajadores que buscan ejercer sus derechos sindicales y los del empleador y la comunidad en general”.
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El veredicto unánime de los cinco jueces respecto a la violación del artículo 11 del CEDH por parte del artículo 146 de TULRCA resaltó la necesidad de alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de los trabajadores y los empleadores. Este reconocimiento es indicativo de la primordialidad de que la legislación laboral proteja de manera adecuada los derechos fundamentales de los trabajadores, incluso más allá del ámbito del despido.
Representantes de UNISON celebraron esta victoria legal como un paso crucial hacia la protección efectiva de los derechos laborales. Resaltaron que es fundamental prevenir represalias contra aquellos empleados que buscan abordar de forma legítima cuestiones laborales a través de la acción sindical.
En virtud de este fallo el Parlamento está obligado a modificar la legislación y asegurar su coherencia con el CEDH, conforme a la Sección 4 de la Ley de Derechos Humanos, Este caso pone de relieve la esencialidad de que las leyes laborales se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar así un tratamiento justo y equitativo para todos los trabajadores.