El Tribunal Constitucional de Corea del Sur comenzó a examinar una demanda en que se acusa al gobierno de no proteger a sus ciudadanos frente al cambio climático, y de incumplir sus metas de reducción de emisiones de carbono.
El caso involucra a más de 250 demandantes, entre ellos activistas medioambientales, jóvenes, niños e incluso bebés, que alegan que este caso marca el primer litigio relacionado con el clima en Asia. De entre las solicitudes destaca una petición presentada en nombre de un feto en el momento del inicio del proceso, al que se hace referencia con el apodo de “woodpecker” (Pájaro Carpintero).
El presidente del Tribunal, Lee Jongseok, ha señalado la creciente popularidad e interés público por las demandas relacionadas con el cambio climático a nivel mundial. Reconociendo la importancia y la trascendencia del caso, incluso fuera de las fronteras del país, el tribunal se ha comprometido a realizar deliberaciones exhaustivas y fundadas.
En este contexto, a principios de este mes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió un fallo en otro caso relacionado con el clima, concluyendo que el gobierno suizo había violado los derechos de sus ciudadanos al no tomar medidas suficientes para protegerlos de este fenómeno.
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Los demandantes alegan que los planes climáticos de Corea del Sur no son adecuados para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles «preindustriales», lo que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales, entre ellos, los derechos a la vida, a buscar la felicidad, a la libertad general, a la propiedad y a un medio ambiente saludable.
Científicos del clima advierten consecuencias irreversibles si la temperatura global supera este límite, como el derretimiento de grandes masas de hielo y la interrupción de las corrientes oceánicas.
Si bien la economía de Corea del Sur depende en gran medida de los combustibles fósiles, el país se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Los abogados del gobierno han afirmado ante el tribunal que se están tomando medidas para reducir las emisiones de carbono sin violar los derechos básicos de la población, y han señalado la posibilidad de ajustes en los objetivos de reducción anuales.
La respuesta del gobierno ha sido criticada por los activistas, incluidos jóvenes representados en el caso, que subrayan la inacción gubernamental ante el cambio climático.