El requirente alega que el precepto impugnado, al prescindir de los requisitos que deben contener las sentencias, que sí son exigidos en otros procedimientos, produce efectos inconstitucionales.
Es deber del Estado, a través de todas sus autoridades, eliminar toda clase de discriminación arbitraria, a fin de lograr la igualdad jurídica entre los sujetos de derecho.
El requirente alega que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerándose sus garantías constitucionales.
El requirente alega que no puede terminar con un procedimiento dilatado en exceso por la negligencia del demandante, vulnerándose sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El requirente estima que se le imponen sanciones muy gravosas sin atender a las circunstancias del caso particular, vulnerando sus garantías constitucionales.
Vulnera la libertad sindical, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a adquirir toda clase de bienes, así como la igualdad ante la ley.
El requirente alega que la medida resulta arbitraria y pone en riesgo su funcionamiento, afectando el derecho a la libertad de enseñanza y educación.
El requirente alega que la norma permite un uso discrecional de la facultad punitiva del Estado, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente sostiene que se le impide arbitrariamente recurrir a un fallo que le perjudica, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la autoridad ambiental tomó una determinación carente de razón sin que haya podido presentarse oposición alguna, afectando gravemente su patrimonio.
