Conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, por regla generalísima, las sentencias judiciales tienen y deben tener efecto relativo.

No puedo iniciar esta columna sin previamente pedir disculpas al lector por la obviedad del aserto contenido en su título. No obstante, producto de algunas discusiones políticas, jurisprudenciales y académicas recientes, parece necesario recordarlo.

Para cualquier persona medianamente cercana al quehacer jurídico, e incluso, para un alumno cursando sus primeros semestres de la carrera de derecho, debiese ser conocida la norma legal que consagra el que “[l]as sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren” -art. 3°, inc. 2° CC-, puesto que, competencialmente, “[s]ólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio” -art. 3°, inc. 1° y art. 9, inc. 2 CC-.

Naturalmente, lo dispuesto en el art. 3°, inc. 2° del CC, es sin perjuicio de aquellas, muy escasas excepciones, en que el legislador permite o reconoce un efecto reflejo o absoluto a la sentencia, en virtud de lo cual los efectos pueden alcanzar a terceros que no han sido partes en el litigio o afectar a todas las personas, respectivamente.