Diario Constitucional

Falsedad ideológica de facturas

Crítica al estándar probatorio utilizado en la calificación de facturas ideológicamente falsas para la utilización del crédito fiscal IVA

Lamentablemente, tanto los entes fiscalizadores a nivel administrativo, como los tribunales llamados a conocer de estos asuntos, son poco proclives a dar aplicación a las normas de la teoría general de la prueba, atribuyendo a las normas tributarias, que consideran especialísimas, una naturaleza jurídica propia que éstas no poseen, haciendo parecer que se regulan por un estatuto jurídico especial al que no serían aplicables las normas generales del derecho.

18 de noviembre de 2020·4 min de lectura
Imagen: 24horas.cl
Referencial

Con la implementación de la facturación electrónica, se han suscitado una serie de situaciones respecto de la calificación de facturas como ideológicamente falsas, que realiza el Servicio de Impuestos Internos, en adelante SII, para rechazar el crédito fiscal IVA por las compras hechas valer por los contribuyentes.

En la actualidad, el estándar probatorio de esta calificación practicada por el SII, en muchos casos se fundamenta en pruebas netamente indiciarias, que emanan de un tercero, el proveedor, tales como encontrarse éste no ubicado, con anotaciones de inconcurrente o presentar, de acuerdo a la información que registra ante el SII, irregularidades en sus declaraciones; todos antecedentes que se refieren o dicen relación con un tercero que no es el contribuyente fiscalizado, acciones que no se encuentran dentro de la esfera de su control, ni dicen relación directa con la falsedad de las operaciones. Efectuada tal calificación, el contribuyente queda limitado a la acreditación del pago, en virtud de lo establecido en el artículo Nº 5 del artículo del D.L. Nº 825 de 1974, es decir, solamente, pagar con cheque, transferencia o vale vista nominativo desde la cuenta corriente debidamente contabilizada y una serie de otros requisitos adicionales, que van más allá de la acreditación general del pago.

Lamentablemente, tanto los entes fiscalizadores a nivel administrativo, como los tribunales llamados a conocer de estos asuntos, son poco proclives a dar aplicación a las normas de la teoría general de la prueba, atribuyendo a las normas tributarias, que consideran especialísimas, una naturaleza jurídica propia que éstas no poseen, haciendo parecer que se regulan por un estatuto jurídico especial al que no serían aplicables las normas generales del derecho.

Comentarios (3)

  1. Elizabeth Mamani Rojas

    Excelente artículo, demuestra la gran capacidad profesional de Roberto, de transformar cosas complejas en simples de entender..y de mucha utilidad para los contribuyentes..

  2. Antoine Peñaloza

    Gracias por el análisis colega. Hace mucho tiempo que los contribuyentes requieren de normas legales que contribuyan a obtener una tutela judicial efectiva de sus derechos ante las arbitrariedades, declaradas en innumerables recurso de protección y juicios ordinarios, cometidas por SII y TGR. El propio Estado que, conforme el artículo 1° de la CP, declara estar al servicio de la persona humana, en la práctica, producto de su actuar fiscal tributario, vulnera en forma sistemática, el patrimonio y las actividades económicas de los chilenos.

  3. Edmundo Soto

    Conforme a la reforma introducida por la Ley 21.210 al artículo 132 del Código Tributario, el Servicio y el contribuyente deben probar «sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento». Considerando el principio de buena fe, también incluido ahora expresamente como un derechos del contribuyente, la pretensión de falsedad ideológica o falta de fidedignidad de una factura debería ser probada por el SII, no bastando que el SII afirme que el contribuyente no usó uno de los medios de pago establecidos en el artículo 23 N°5 de la Ley del IVA.

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