Efectos de la Ley de Aula Segura en el control de la violencia escolar y las conductas infraccionales de los estudiantes.

Recientemente, Contraloría General de la República dio respuesta al requerimiento de un honorable diputado, que solicitó la fiscalización de la alcaldesa de Santiago atendida una supuesta instrucción referida a la inaplicabilidad de la legislación vigente educacional en materia de convivencia escolar.

Más allá de la polémica vivida en el mencionado municipio y la verdad sobre este hecho o si la máxima autoridad edilicia cuenta con la potestad para dictar este tipo de instrucciones, lo cierto es que dicha legislación no ha dejado indiferente a nadie, desde su discusión parlamentaria hasta su aplicación actual. Nos referimos, por supuesto, a la Ley de Aula Segura y su real (o potencial) efecto en la solución de los conflictos de convivencia escolar, especialmente los hechos de violencia grave que han sufrido y sufren diferentes establecimientos educacionales a lo largo del país, especialmente, en la zona metropolitana, región que alberga cerca del 38% de la matrícula nacional.

La escalada de violencia escolar en el gran Santiago, impulsó una reforma que prometió dar dirección y autoridad a instituciones escolares sobrepasadas por acciones extraordinarias cometidas al interior de Liceos emblemáticos de la zona céntrica de la capital. Paralizaciones de la jornada académica, bombas molotov, tomas de locales, enfrentamientos con Carabineros, se han transformado en el quehacer cotidiano de diferentes comunidades educativas. Frente a estos, y otros hechos de mayor o menor gravedad, el reclamo por la aplicación de la Ley de Aula Segura se alza en un canto general que busca devolver el control del proceso educativo en los establecimientos más afectados, pero también en otras circunstancias que, quizá, no revistan de la misma gravedad.