Imparcialidad en dictámenes
Hacia una deontología pericial.
Quizás el primer problema que asoma tiene que ver con el rol o tarea que debe cumplir el perito o la perita. Es decir, el hecho de reconocerse como un actor imparcial y, que sobre un punto determinado que ha sido puesto en tela de juicio, su dictamen favorecerá o perjudicará a alguien. Si su trabajo ha sido requerido para resolver una incógnita en el ámbito privado, esta apreciación sí o sí generará efectos; y que decir dentro de un proceso litigioso.
Como experto, y posicionándolo en materia de procedimientos judiciales, el perito o la perita es un tercero que auxilia al sentenciador con determinadas respuestas que éste necesita para poder dirimir el hecho litigioso que le ha sido propuesto o un aspecto particular de aquel y, al mismo tiempo se le puede considerar como una prueba esencial dado que, mediante un documento, evacuará un dictamen; y el informe de peritos es un medio probatorio que las partes pueden utilizar en juicio.
No obstante lo anterior, es de la esencia de este experto que en su actuar debe prevalecer siempre y en todo momento, una cualidad angular donde asentar su actividad: la imparcialidad. Es decir, su trabajo debe exiliar todo atisbo íntimo de interés en el juicio, procurando evitar conjeturas o pronunciamientos personales o de los cuales se deduzca una inclinación sesgada por favorecer o perjudicar a una de las partes litigantes a la luz de sus apreciaciones o conclusiones vertidas en su dictamen.
Así, la deontología pericial viene a convertirse en aquel conjunto de normas ético-morales que rigen dicha actividad, controlando no sólo dichos aspectos de la profesión, sino que derechamente frenando los impulsos subjetivos que tienden a aflorar cuando la persona detrás del experto pueda empatizar con tal o cual parte del pleito.
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