Intereses por deuda previsional del Fisco ante la Cuarta Sala y el Tribunal Constitucional: dos visiones opuestas.

A fines de noviembre del año pasado, en las XI Jornadas de Derecho del Trabajo de Puerto Montt, tuve la oportunidad de comentar críticamente la jurisprudencia de la Cuarta Sala sobre los intereses que debe pagar el Fisco por la deuda previsional que queda al descubierto tras la declaración de laboralidad de una contratación a honorarios.

Según la Sala laboral, las cotizaciones a que resulte condenado el Estado deberán ser incrementadas con reajustes y con intereses, pero estos últimos sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró la laboralidad del vínculo quedó ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley 17.322, descartando la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo[1].

El fundamento de semejante interpretación es el mismo invocado por la Sala para eximir al Estado del efecto la “Ley Bustos”: los órganos de la Administración del Estado no podían pagar las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios mientras parecía válido tal vínculo, requiriendo para convalidar el despido de un pronunciamiento judicial condenatorio. Estando de buena fe y amparados por la presunción de legalidad de sus actuaciones antes de este pronunciamiento, no puede tenerse a los órganos de la Administración como deudor en mora, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.