Ley N°19.880. Plataformas y Redes de Interoperabilidad para el Procedimiento Administrativo Electrónico obligatorio.

1. Existen operando en Chile, desde el año 2009, sin ley, sin reglamento y por ende sin institucionalidad jurídica de Derecho Público ni funciones asignadas jurídicamente para gestionarlas, diversas plataformas. Léase, grandes servidores transaccionales que operan o han intentado ser gestionadas -y la asesoría jurídica defiende la validez de hacerlo así- sólo (i) porque existe un principio de colaboración para la Administración y (ii) porque los servicios públicos (siempre sin habilitación legal previa y expresa) convienen en hacerlo. Normativamente y a diferencia de la Ley N°19.886 que regula la plataforma de compras públicas, ellas desconocen el bloque de constitucionalidad y de legalidad de Derecho Público.

En el ámbito del avance de acciones de Gobierno Electrónico en Chile se desarrolló entonces en la década de los 90, y desde la Ley N°21.180 del año 2019 debe aggiornarse el sistema, una plataforma integrada de servicios ciudadanos o un sistema nacional de información ciudadana. El gobierno lo ha calificado como un «proyecto prioritario», lo que hace necesaria su también prioritaria revisión legal. Si el Estado debe permitir el acceso a los datos y documentos que le afectan o les interesan a los ciudadanos o gobernados, razones de economía de gestión o de costos de transacción abonan que se le pueda ofrecer una opción que les permita en un sólo ámbito conectarse con todos los servicios públicos a la vez, para evitar acudir a cada servicio por separado. Previo a este objetivo, el primer paso es integrar a los diversos servicios públicos, lo que por cierto no resulta fácil por el diverso grado de desarrollo tecnológico de cada uno[i].

2. Las Administraciones estatales han mantenido en estas condiciones y a pesar de su ineficiencia, altos costos y falta de regulación una “Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado”, en adelante la PISEE, cuyo objetivo general declarado fue fomentar la trazabilidad, eficiencia y simplicidad de los actos y procedimientos administrativos, facilitando el cumplimiento de la Ley N°19.880 por parte de los organismos del Estado (OAE) mediante el uso de una plataforma tecnológica integrada de servicios electrónicos compartidos. Se ha dicho que la interoperabilidad existe cuando mediante sistemas heterogéneos pueden intercambiarse procesos o datos, permitiéndose significativas ganancias en términos de eficacia y de eficiencia, y que, en el contexto del avance del gobierno electrónico, la interoperabilidad es hoy en día un objetivo deseado y buscado en todas las Administraciones Públicas.