La concepción canónica sobre los derechos humanos pone el acento en los límites que ellos configuran, es decir, las barreras que establecen frente al poder estatal. La actual Constitución chilena indica que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y la Corte Interamericana nos recuerda que “en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”.
Hay otros acercamientos que ponen su atención en el potencial cuestionador y, al mismo tiempo, emancipador de los derechos humanos. Bajo su luz la ley pierde su autoridad absoluta y queda bajo constante examen. Instala, asimismo, un parámetro de control de legitimidad para el poder político. El poder queda bajo el escrutinio de los estándares de los derechos humanos y posibilita además el desarrollo de una sociedad civil robusta, con fuerte incidencia política.
Pensar en los derechos como articuladores de relaciones humanas, que permitan el florecimiento o el desarrollo humano, también es un acercamiento fructifico. Especialmente cuando nos enfrentamos a un proceso constituyente histórico, que nos permitirá redibujar nuestra forma de convivencia.
Pongamos el caso de la propiedad privada.
Tradicionalmente nuestra concepción sobre la propiedad se ha centrado en su capacidad de excluir a otros de lo que es mío. El dominio, en ese sentido, constituiría un coto frente al poder estatal o colectivo, lo que constituiría un elemento central para garantizar la autonomía de las personas.
Pero esa mirada se enfoca únicamente en lo que la propiedad priva a los demás, incluso de algo que otros pueden necesitar con urgencia. En ese sentido nos aísla y nos hace caer en la tentación de creer que, asentado en nuestro derecho, tenemos una indiscutida legitimidad sobre nuestra posición patrimonial y ninguna responsabilidad sobre los demás.
Pero las cosas suelen ser más complicadas. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; no obstante, debemos necesariamente tener en cuenta los efectos que eso trae consigo para todo el resto. La alta concentración de la riqueza, por ejemplo, suele ser muy complejo para la estabilidad de una sociedad democrática. El estallido social puede ser muy ilustrativo de aquello.
Tal vez sea el momento para pensar en formas novedosas de relacionarse. Beneficiosas para todos(as) a partir de la propiedad. Una propiedad suficientemente distribuida y un derecho que, en vez de exacerbar las diferencias sociales, vaya precisamente en la dirección de lograr una mayor cohesión social. ¿Por qué no pensar en maneras de asignar la propiedad que también implique una mejor y mayor distribución del poder? Muy por lejos de abolir la propiedad privada debemos pensar en mecanismos para que ella permita fortalecer nuestra convivencia democrática. Y la estabilidad sociopolítica que necesitamos. (Santiago 20 junio 2021)
El artículo incurre en algunas imprecisiones: a) «Pero esa mirada se enfoca únicamente en lo que la propiedad priva a los demás, incluso de algo que otros pueden necesitar con urgencia. En ese sentido nos aísla y nos hace caer en la tentación de creer que, asentado en nuestro derecho, tenemos una indiscutida legitimidad sobre nuestra posición patrimonial y ninguna responsabilidad sobre los demás». La propiedad privada no priva a nadie de nada. Fue un invento que tuvo por objeto otorgar un espacio para que la persona, no sólo pueda prosperar, sino conceder a su titular un goce donde lo intimo y personal, satisfaga los aspectos básicos que todo ser humano requiere. Tampoco nos aísla, por cuanto los seres humanos somos esencialmente sociables y tendemos, a compartir con nuestros pares, seres queridos y amigos lo que poseemos. La propiedad privada nunca nos ha echo irresponsable con los demás, son los comunitarismos totalitarios y/o la falta de valores humanos los que sí. b) «Pero las cosas suelen ser más complicadas. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; no obstante, debemos necesariamente tener en cuenta los efectos que eso trae consigo para todo el resto. La alta concentración de la riqueza, por ejemplo, suele ser muy complejo para la estabilidad de una sociedad democrática. El estallido social puede ser muy ilustrativo de aquello». Se mezclan dos ideas que no son consustanciales. El uso y goce legitimo de bienes y la concentración de la riqueza. En una sociedad liberal democrática, la concentración de la riqueza es un defecto del mercado, que se corrige con ciertas regulaciones. Pero incluso, existiendo una alta concentración de riqueza, el foco no es eliminarla, sino que otorgar condiciones para que el resto de los ciudadanos gocen de un estándar de vida adecuado a la dignidad de toda persona. No hay que quitar los patines, hay que colocarle patines a los demás, aun cuando otros tengan cohetes que los lleven a marte, la luna o el mismo sol.
Don Sergio Fuenzalida: me queda absolutamente claro cuál es su tendencia política. Lo qué pasó el 18 de Octubre del 2019 no fue un “estallido social”, sino una serie de actos concertados y muy bien estructurados provenientes de un grupo de personas anarquistas queriendo imponer una ideología de ultra izquierda que la ciudadanía nunca quiso. Por otro lado, la “convención constituyente”, creada por la fuerza y con un grupo de pseudo constituyentes elegidos sin representatividad por un pequeño grupo de votantes, definitivamente no tiene ni el intelecto ni la voluntad de crear, sino de destruir. El derecho a la propiedad es un derecho inalienable y no se puede hablar de él de forma vaga y conveniente para satisfacer sus ideas de izquierda. Ya basta de relativizar, no podemos referirnos a algo tan importante en la forma al en que usted lo hace, utilizando un lenguaje rimbombante y artilugios leguleyos.
Sin más que agregar
Atentos saludos