Un lúcido jurista que lideró el Movimiento del Derecho Libre –me refiero a Eugene Ehrlich– afirmó, con cierto sarcasmo, que la única utilidad de la historia es revelarnos que nunca aprendemos de ella.
Documentándome acerca de los orígenes del Constitucionalismo –que muchos solemos dar por sentados y suficientemente estudiados, con lo que únicamente evidenciamos nuestra ignorancia– di con un movimiento que tuvo sus bastiones en las Universidades de Salamanca y Coimbra, cuyas figuras más representativas precedieron al mismísimo John Locke (nacido en 1632) quién es frecuentemente reconocido como uno de los precursores del Constitucionalismo.
Este grupo se conoció bajo el nombre de Neoescolástica y tuvo como protagonistas, además del dominico Francisco de Vitoria (el Sócrates español, le llamaban), a un grupo de sacerdotes de la Compañía de Jesús: Francisco Suárez, Juan de Mariana y Roberto Bellarmino.  Dato que me parece oportuno destacar, por su propio valor y porque actualmente se conmemora el sexagésimo aniversario de la Revista Mensaje, publicación fundada por Alberto Hurtado y que desde su primera edición, sin claudicar, ha estado del lado de los más débiles luchando por una sociedad justa, donde se promueva la caridad, pero con la intención de que ella retroceda en  favor de la Justicia. Veamos algunas de sus ideas.
Suárez, por ejemplo, en su obra Defensio Fidei confrontó los postulados absolutistas de Jacobo I, quién afirmaba que  todos los gobernantes reciben su poder directamente de Dios,  que sólo ante Él son responsables y que los súbditos deben obedecer sin posibilidad de resistencia alguna. Tan incómodas resultaron para la corona Británica las ideas de quien fuera llamado el Doctor Eximio, que su obra fue quemada en Londres el 1 de diciembre de 1613 y en Paris en 1614.
Suarez, Bellarmino y de Mariana, afirmaron que la soberanía provenía de Dios, pero a diferencia de los absolutistas, sostuvieron que no existía ningún intermediario entre Dios y el Pueblo, que el gobierno es una institución humana y que el poder de los gobernantes se basa en un contrato suscrito con el pueblo. Juan de Marina, en 1598 ya había adelantado estas ideas en su obra titulada Del Rey y de la Institución Real, donde sostuvo que el Gobierno es mejor en cuanto se halle limitado por leyes, entre las que cuenta no sólo las morales sino también las positivas instituidas por la voluntad del pueblo, cuya autoridad e imperio son superiores a los del príncipe.
Bellarmino, fue tal vez el más crítico del poder ilimitado de las monarquías absolutas, pues con rotundidad afirmó que: El poder secular o civil, según ha sido instituido por los hombres; reside en el pueblo, a menos que éste se lo otorgue a un príncipe. Este poder reside de modo inmediato en la totalidad de la multitud, como sujeto del mismo; porque este poder reside en la ley divina pero esta ley divina no ha dado este poder a ningún hombre en particular (…) Si se prescinde de la ley positiva, no queda razón alguna para que dentro de una multitud (en la que todos son iguales) uno determinado pueda imponer su voluntad a los demás…
Se trata, como puede apreciarse, de ideas que hoy parecen comunes en el Estado Constitucional de Derecho. Con todo, siempre el conocimiento de sus orígenes (cronológicos e intelectuales) pude ayudarnos a comprenderlas mejor y -porque no- hacer justicia y brindar un merecido reconocimiento a quienes las sostuvieron ya hace varios siglos. Es más, Joaquín Migliore en su tesis doctoral, afirmó que John Locke no pudo sino tener a la vista el pensamiento de la Neoescolástica Jesuítica, pues este último en Two Treatises of Government (que comenzó a escribir en 1681 y se publicó en 1689), se hizo cargo del polémico contenido de El Patriarca o el poder Natural de los Reyes (editado en 1680) obra en la que Robert Filmer dedicó fuertes embates, particularmente al pensamiento de Roberto Bellarmino.