Pensiones de gracia… ¿y ahora qué?: La solución jurídico-administrativa a una controvertida y aparentemente irregular decisión presidencial .

Los actos administrativos, con independencia de quien procedan o de su particular naturaleza, deben siempre ajustarse a la juridicidad vigente por mandato de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y del artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, so pena de nulidad.

En este escenario, un acto que violenta el ordenamiento jurídico vigente, ya sea por emanar de órgano sin investidura regular, incompetente, sin respetar la forma esencial prevista por la ley, con desviación de poder o de fin, con ausencia de motivos -causa- y/o de motivación, en definitiva, incumpliendo los presupuestos legales sustantivos o las formalidades esenciales previstas por el orden normativo, carece de valor jurídico, debiendo así declararse, ya sea mediante la institución de la invalidación administrativa -artículo 53 Ley N° 19.880. Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (en adelante, Ley N° 19.880)- o a través de una acción de nulidad de derecho público ante los tribunales ordinarios de justicia -artículo 7°, inciso final, Constitución Política de la República-.

Ahora bien, sin el ánimo de efectuar una revisión y un juicio exhaustivo acerca de la juridicidad de aquellos decretos supremos que otorgaron pensiones de gracia a personas potencialmente víctimas -involucradas- en los hechos acaecido en el contexto del denominado “estallido social”, todo parece indicar, que en algunos o muchos casos -cuestión que debe dilucidarse en las instancias correspondientes-, dichas pensiones fueron otorgadas ilegalmente, sobre la base de datos o información no corroborada debidamente -es decir, técnica y objetivamente-, en lo cual le correspondería responsabilidad al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a quien se le encomendó acreditar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en ese contexto. Según medios informativos -reportaje del Libero de fecha 02 de febrero de 2024-, entre los años 2021 y 2022 se recepcionaron 437 denuncias y se otorgaron 437 certificaciones, sin tener las competencias al efecto como quedó plasmado en las propias actas del Consejo del INDH.