Estamos viviendo un cambio de época que nos hace valorar -especialmente- la importancia de la libertad de pensamiento y opinión. Vemos como, en el caso de Rusia, hablar de una “guerra” en relación a la agresión imperialista contra Ucrania, se ha convertido en un hecho delictivo. Las personas que no se refieren a una “operación especial” incurren en un delito castigado con hasta 15 años de pena privativa de libertad. Basta con publicar una opinión en internet, medio que a su vez es controlado por las autoridades del Estado, para cumplir con un tipo penal. Observamos que los periodistas de “Nowaja Gaseta”, cuya labor y valentía fueron reconocidas con el Premio Nobel de la Paz, debieron suspender la publicación de su periódico. En la actualidad, en Rusia personas que se paran en las plazas públicas con carteles blancos han sido detenidas. Pareciera que lo que más teme y menos tolera su gobierno es el diferendo. Cada opinión que cuestione la línea gubernamental pareciera ser malintencionada, subversiva o simplemente una obra del enemigo del país en su conjunto. No se busca, ni se pretende producir un consenso democrático a través de un ejercicio deliberativo. Lo que dice el “nuevo Zar” y sus adeptos es la única verdad. Los que no la quieren aceptar conocen el castigo que les espera.
Esto nos hace pensar que aquí en Chile, si bien existen problemas, en general estamos bien. Pareciera como si nadie teme sufrir represalias cuando expresa su opinión. Tenemos que, si bien existe una fuerte concentración en los medios de comunicación masiva, hay también nuevos medios “alternativos” que inciden en la conformación de la opinión y el debate públicos. En comparación con Rusia, podemos sentirnos relativamente libres. Esa libertad de expresar nuestra opinión, argumentar y disentir, son la base para la construcción colectiva que enfrentamos a diario en los sistemas democráticos. Cualquier limitación a ese derecho debiese preocuparnos.
Desde esta perspectiva, entendemos la reciente denuncia contra el juez Daniel Urrutia Laubreaux, presentada por más que 50 juezas y jueces al Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, como un peligro para la democracia chilena. No vamos a analizar aquí, en detalle, los hechos que según ellos “atentan contra el honor o dignidad de otros asociados o de la Asociación en general”. Este repertorio de hechos versan sobre declaraciones del denunciado, realizadas en octubre de 2019, ante la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional. En esa oportunidad, Urrutia afirmó – entre otros- y como destaca la denuncia de sus colegas que: “Durante el estallido, el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión, al avalar y justificar la represión a través de muchos procesos basados en evidencias de muy poca calidad o directamente inventada por agentes del Estado”.
No se invitó a un afiliado de la Asociación, ni a un representante del Poder Judicial. La Comisión invitó al ciudadano Daniel Urrutia a exponer. Su discurso no formaba parte del trabajo profesional de un juez de garantía. Tampoco se pronunció en ese espacio en representación de una asociación de jueces, o como académico, sino que se trató simplemente de la expresión de la opinión de una persona.
Si bien en la vida profesional, se acepta generalmente que los integrantes del Poder Judicial puedan estar sujetos a ciertas limitaciones relacionadas a preservar la imagen del Poder Judicial, éstas no se aplican a su vida privada. Incluso la jornada laboral de las juezas y jueces tiene un límite horario.
Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había fallado previamente a favor del derecho a la libre expresión del juez Urrutia (Urrutia Laubreaux Vs. Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 27 de agosto de 2020). En este fallo se subraya que “Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad” (considerando 77).
En su voto concurrente a esa sentencia, el destacado juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni critica lo que denomina como organización corporativa jerarquizada, que corresponde “a un Poder Judicial vertical y sin debates internos, donde la libertad de pensamiento y crítica de los jueces se cede a los cuerpos colegiados.” Opina que “En esta organización los jueces deben renunciar a los derechos inherentes a su condición de personas con sus propias ideas, concepciones del mundo y valores, para acatar los de las cúpulas de la corporación, convirtiéndose en sus subordinados.” (Puntos 7 y 8)
Pareciera ser este último argumento lo que pretenden los jueces que firmaron esa denuncia: lograr que ese supuesto “enfant terrible” del poder judicial, sea otro subordinado. Así tienen más en común con lo que Putin espera de sus ciudadanos, que con lo que Zaffaroni estima necesario para un poder judicial democrático, cuando señala que: “La única imparcialidad judicial -humana y democráticamente posible y exigible- es la que proporciona el pluralismo interno del propio Poder Judicial, que posibilita los debates y críticas entre jueces, esclarecedores para la opinión pública y para los propios magistrados.” (punto 10). Dice debates y críticas, no denuncias y sanciones. A eso nos invita la intervención del juez Urrutia, a debatir y repensar, en clave histórica y de calidad democrática, el rol del poder judicial.
Dr. Jörg Alfred Stippel
Académico Doctorado en Derecho UCEN