El domingo 17 de diciembre los chilenos votaremos si se aprueba o rechaza la nueva constitución redactada por el Consejo Constitucional, en lo que pareciera ser el capítulo final de la salida institucional al estallido social, que se zanjó en el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, el 15 de noviembre de 2019.

Ad portas de que el país decida sobre este nuevo proyecto, ¿cuál es el abordaje que se le da a la cultura en esta versión 2.0 de texto constitucional y en la fallida propuesta de la Convención?

En primera instancia, en ambos documentos se observa un claro avance con respecto a la carta fundamental de 1980, reformada el año 2005. En la actual constitución, el ámbito de la cultura está integrado en el capítulo referido al derecho a la educación, donde se señala que corresponderá al Estado “estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”. Además, la carta magna vigente hace referencia a “la libertad de crear y difundir las artes”, y al derecho del autor sobre las creaciones intelectuales y artísticas. Como se aprecia, se trata de un planteamiento muy escueto y genérico frente a los desafíos que tenemos en estos días en materia cultural en nuestro país.

En cambio, la propuesta de la Convención Constitucional era muy potente en el campo cultural. Dentro de varios apartados relacionados con la cultura, destacaba el artículo 92, que consagraba a los ciudadanos como sujetos de derechos culturales, contemplando el derecho a participar en la vida cultural y artística, el derecho a la libertad de crear y difundir las culturas y las artes, y el derecho a la identidad cultural y a conocer y educarse en las diversas culturas. A su vez, el texto entregaba un rol preponderante al Estado en cuanto a promover, fomentar y garantizar la interrelación armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales. Además, hacía un reconocimiento de la dimensión cultural en la vida de toda comunidad, entregándole un significado colectivo a esta esfera del quehacer humano.

En la propuesta elaborada por el Consejo, en tanto, el abordaje de la temática cultural es más acotado, aunque tiene mayor desarrollo que en la actual Constitución. Este proyecto también asigna una función relevante al Estado, como ente que resguarda el derecho a participar en la vida cultural, facilita el acceso a los bienes y servicios culturales, protege la libertad creativa y promueve la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura.  También reconoce la función que cumple la cultura “en la realización de la persona y en el desarrollo de la comunidad”.

El camino constitucional ha sido largo y pedregoso, y, a pesar de que tiene un destino incierto, es importante relevar que ha dado algunos frutos, al menos en el ámbito cultural, pues ha sido reconocido en los proyectos de 2022 y 2023 como un aspecto relevante en la estructura político-institucional del país.

Sin embargo, aún queda mucho por avanzar en el esfuerzo de situar a la cultura en el sitial que se merece: un ingrediente clave de la vida colectiva de una nación, que constituye una poderosa “fuerza para el diálogo y la cohesión social”, como señala Unesco.  Caminar con decisión en esta dirección sería un justo homenaje a Joan Turner, que junto a Víctor se la jugaron todas sus vidas por la justicia social, la integración y la visibilización de los invisibles de nuestra sociedad a través de un trabajo cultural prolífico e incesante.

 

José Albuccó

Académico de la Universidad Católica Silva Henríquez

Creador del blog Patrimonio y Arte