En relación a la publicación aparecida en este Diario, que da cuenta del ingreso por algunos diputados de un proyecto de ley que otorga remuneración a funcionarios de Carabineros que se encuentren en prisión preventiva, me permito  comentar lo propuesto por el Director General de Carabineros, como fórmula para “avanzar en el objeto de reintegrar la labor policial en el seno de la comunidad”.

1.- Ante la Comisión de Seguridad del Senado, sostuvo  el día 8 de diciembre de 2020, la necesidad de que los sueldos de los Carabineros con procesos en su contra y arresto domiciliario, debían ser conservados, ya que ello permitiría “que los carabineros puedan ejercer de mejor forma su trabajo”. De esta forma el Sr. General, nos expresa que merecen estos servidores públicos, mantener sus remuneraciones, incluso frente a un grave actuar contrario a derecho, ya que habla de imputados por delitos y privados de libertad.

2.- Agregó el Sr. Director en su visita al Senado: “lo que necesitamos hoy día son normas legales que apoyen claramente la labor  del personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, de tal forma que cuando sean atacados, lesionados gravemente o agredidos y deban usar  los medios que el Estado les ha proporcionado para poder cumplir con su función, tanto para la defensa propia, de un tercero o del restablecimiento del orden público, no terminen siendo imputados como autores de delito o como un peligro para la sociedad que juraron defender con sus vidas”. No cabe entender sino que aspira a una forma de impunidad para el caso de comisión de eventuales delitos, puesto que habla de imputaciones y formalizaciones penales, que quiere impedir mediante protección legislativa.

Repárese en el estímulo inverso que representan las dos propuestas anteriores, una de ellas ya en la Cámara de Diputados, en cuanto al respeto de los funcionarios policiales a los derechos humanos, en la medida que incluso su grave violación, no traería consecuencia al funcionario sujeto a prisión preventiva.

3.- “General Yañez oficia al Senado y propone incorporar en proyecto de ley sanciones para quienes ofendan o injurien a la institución o Carabineros”  (Diario El Mercurio, 7 de enero de 2021) Constituye tal requerimiento, una forma de intimidar a quienes refieran hechos, en medios de comunicación o redes sociales, que pudieran herir la honra policial, conforme al criterio de  Carabineros. Agrega esta noticia, que el General: “Propone en este texto incorporar distintas normas al proyecto de ley para fortalecer la protección de fuerzas de orden y seguridad pública …..”. “Entre ellas que se sancione a quienes ofendan o injurien de manera verbal o por escrito a la institución policial o a sus funcionarios”.

4.- Agrega la antes referida publicación: “(Pide) Incorporar también como responsable penal, de manera concreta, al medio de comunicación social o plataforma de redes sociales que haya efectuado o consentido en la publicación el llamado a violentar al personal institucional”.

Esta propuesta propia de regímenes totalitarios, apunta a criminalizar toda imputación que la policía estime formulada en descrédito de su honor, o cualquier invitación a una protesta por redes sociales si en ella hay posteriormente disturbios, configurándose una grave afectación a la libertad de expresión de las personas y del medio de comunicación, cuyo responsable podría ser sancionado penalmente. De esta forma, nadie se atrevería a sostener, por ejemplo, que existen antecedentes en Punta Arenas de un elevado depósito irregular efectuado en una cuenta corriente de un tercero y que ese depósito emana de personal de Carabineros, o que existen indicios de la participación de funcionarios policiales en delitos contra las personas.

Lo que más sorprende de estas propuestas, es la falta de sintonía de ellas con el Derecho; particularmente por existir diversas disposiciones que regulan estas materias en tratados internacionales y en la legislación interna, asegurando la libertad de expresión y de información, como componentes esenciales del régimen democrático.

Asombra por otro lado, que estas propuestas pretendan “reintegrar la labor policial al seno de la comunidad” ¿No sería mejor, en pos de ese objetivo,  comprender que la distancia entre Carabineros y la sociedad se debe a las reprochables actuaciones con dineros públicos como en el de respeto a los derechos humanos, de  parte de policías, incluso de alta gradación? ¿Cree el señor General que acercará su institución a la comunidad brindándoles impunidad a sus funcionarios y aumentando la represión?

Finalmente Sr. Director, Ud. podrá comprender que este mismo comentario, sólo es posible por la circunstancia de no encontrarse vigentes las normas propuestas por el Sr. General, supuestamente destinadas a reincorporar a Carabineros al seno de la sociedad.

 

Mauricio del Fierro San Cristóbal

Abogado