En el marco del día del trabajo, queremos hacer alusión a que en abril se cumplieron 3 años de la puesta en marcha de la Ley 21.015 de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (PcD) tanto para el sector público como el privado. Es por ello que este 1 de mayo, a través de esta carta queremos transmitir nuestra preocupación por la escasa o nula información de cumplimiento en el sector público como de su fiscalización para ambos sectores. Además de la errada tipificación de multas de la Dirección del Trabajo en el caso del sector privado, la cual somos testigos que se convierte en una gran puerta de salida para el no cumplimiento de esta ley.

Ahora más que nunca en este contexto de crisis sanitaria y económica, necesitamos dejar de ver a las PcD como un número. Es necesario que el Estado, empresas y sociedad civil colaboremos para disminuir las brechas educacionales existentes, de género, en el acceso universal, entre otras tantas barreras que afectan grandemente a esta comunidad en su autonomía e independencia.

Creemos que el próximo paso para esta ley no tiene relación con aumentar el porcentaje de cuota, sino más bien, que se exijan los procesos de intermediación laboral para estas contrataciones, de esta forma aseguremos que las inclusiones laborales que se realicen sean realmente efectivas y perduren en el tiempo, resguardando los derechos de las PcD, como también que ese colaborador(a) sea un aporte para esa organización y su entorno. El trabajo en igualdad de oportunidades y condiciones es un derecho fundamental de todos y todas los que somos parte de nuestra sociedad, no lo olvidemos.

María José Escudero

Directora Ejecutiva y Co Fundadora Fundación Ronda Chile