«resulta procedente la aplicación de medidas cautelares que tienden a dar protección a la víctima, a la sociedad o a resguardar los fines del procedimiento; necesidades de cautela que persisten no obstante paralizado el avance de la causa, por lo que no, habiéndose citado antecedente alguno que altere los presupuestos que se tuvo a la vista al imponer la medida de prisión preventiva, no se atisba motivo que pueda llevar a dejarla sin efecto.»

“que la investigación que la resolución atacada cita como antecedente fundante, se originó en el auto denuncia que el amparado formuló respecto de su situación migratoria” y que el amparado “no registra antecedentes policiales, encargos judiciales pendientes ni anotaciones negativas tanto en el Departamento de Asesoría Técnica como ante la Oficina Central Nacional Interpol, de manera que quedó sujeto a control de firma periódica mensual en la unidad policial de su comparecencia”.

la resolución impugnada “carece de todo sustrato jurídico que le sirva de sustento, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal que mandata el deber de fundamentación de toda providencia emanada de la magistratura”.

“no se ha hecho referencia alguna a la circunstancia de que -con anterioridad- se hubiese requerido la comparecencia del amparado y que éste no asistiera a dicha citación, lo que haría suponer una actitud refractaria frente a las órdenes impartidas por el Tribunal o, en su caso, que el mismo órgano jurisdiccional intentara obtener directamente del organismo encargado la información que ahora con tanto ahínco persigue”

“la recurrida ofreció como alternativa para solucionar el problema que afectó al amparado, su traslado al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur habiendo dispuesto además, las otras medidas pertinentes para la investigación de ese hecho y la recuperación de su salud, por lo que no existe privación o perturbación ilegal o arbitraria de su seguridad y libertad personal y dado que tampoco existen otras medidas que pueda adoptar este Corte”.

“arbitraria, por cuanto y aun cuando la autoridad administrativa puede adoptar medidas restrictivas de libertad de las personas respecto de quienes dispuso su expulsión, las mismas no pueden exceder del plazo de 24 horas”, más si no existe “ningún motivo para haberla dispuesto, sin que el mero decreto sea suficiente para ello”

«esta vía extraordinaria –la acción constitucional de amparo- es idónea para resolver la situación procesal del imputado, relativa a su prisión preventiva, desde que la mantención de su estado actual de privado de libertad en un establecimiento carcelario es un hecho material indiscutible y que, por lo mismo, torna en arbitrario, atendida, precisamente, la existencia de medidas legales alternativas, posibles de aplicar”.

“el poder estatal para gestionar los movimientos migratorios no puede prescindir de la consideración de derechos fundamentales e inalienables, que derivan de la condición de ser humano, protegidos tanto por los ordenamientos internos como por los diversos instrumentos de Derecho Internacional”.

“no se advierte ninguna cuestión formal que impida su tramitación”

“la disposición del artículo segundo de la Ley N° 20.587, además de establecer la facultad de sustitución de la pena de multa por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, prevé la circunstancia de aplicar la pena de reclusión en el evento de no ser procedente la prestación de servicios antes referida, caso en el cual impone su regulación en un día por cada tercio de unidad tributaria mensual sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.”.