Se remitió nuevamente a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón –por parte del Gobierno Regional Metropolitano- la resolución del Gobierno Regional citado que acepta la renuncia voluntaria al empleo de una de sus funcionarias, solicitando asimismo, la reconsideración del dictamen N° 74.837, de 2013, que ordenó dejar sin efecto dicho acto administrativo.

Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario del Instituto Nacional de Deportes Chile- en contra de la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración mensual que le fuera impuesta al término del respectivo proceso disciplinario, cuya aplicación, en opinión de ese servicio, se ajustaría a derecho.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de Carabineros de Chile- exonerar de responsabilidad civil, conforme al artículo 62 de la Ley N° 10.336, a dos funcionarios de la institución, con motivo de los daños ocasionados a un furgón fiscal, y los deterioros que afectaron al bastón retráctil de uno de ellos.

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud- acerca de la legalidad de la comisión de servicio en el extranjero que cumplió la ex Directora Nacional de ese organismo, quien, además, ejerce como concejal de la Municipalidad de Vitacura, por cuanto, a su juicio, aquélla no se habría referido a labores propias de la repartición que dirige.

Se dedujo acción de protección indeterminadamente y de acuerdo a lo fijado judicialmente, en contra de la Municipalidad de Santiago y de la Contraloría General de la República, por parte del Presidente del Comité de una comunidad inmobiliaria, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho consistente en el retiro de los pórticos de ese conjunto habitacional, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- pronunciarse sobre la impugnación de un concurso público convocado para proveer la plaza de jefe de Departamento, grado 5 de la E.U.S., para desempeñarse como Jefe de Departamento de Ejecución Territorial, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya que, a su juicio, durante su desarrollo se habrían producido irregularidades que afectarían su Validez.

Al respecto, el órgano de control señaló, en esencia, que ”de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del artículo primero de la ley N° 20.285, que el mencionado Consejo es la entidad competente para amparar el derecho de acceso a la información cuando es denegado por la autoridad administrativa”.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- reconsiderar el oficio N° 11.430, de 2013, de la Sede Regional de Valparaíso que, en lo pertinente, concluyó, que el traslado de la solicitante se había ajustado a derecho.

Se solicitó a la Contraloría General de la República dejar sin efecto los dictámenes relativos a la procedencia de que la CGR se encontraría habilitada para exigir a los particulares que le requieran la emisión de un pronunciamiento, la exhibición de la respectiva cédula de identidad, alegando que, a juicio del requirente, el artículo 30 de la ley N° 19.880 no contempla esa formalidad.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Consejo de Defensa del Estado- informar acerca de la demanda de nulidad de derecho público interpuesta en su contra por la Municipalidad de la Calera.