Si el funcionario decide participar del programa de acondicionamiento físico, se encuentra en la obligación de acreditar que está apto para realizarlo, acompañando para ello la pertinente certificación médica, la que deberá ser de su propio cargo, atendida la naturaleza voluntaria de tal determinación.

Si se acordare pagar la recompensa por denuncia de herencia deferida al Fisco, antes de expirar los plazos de prescripción de derechos de terceros a ella, el denunciante deberá comprometerse a devolver la suma percibida a título de galardón, aumentada en la misma proporción en que hubiere variado el ÍPC, si el Fisco se viera obligado a restituir la herencia, obligación que deberá garantizarse suficientemente en relación al interés del Estado y la capacidad económica del denunciante.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las interesadas de pedir la condonación o facilidades de pago, en virtud del artículo 67 de la ley N° 10.336.

La Contralora (S) puntualiza que SMAPA es parte integrante del respectivo municipio, de manera que, si bien procede dotarlo de una organización que haga posible una gestión eficaz y eficiente, las medidas que se adopten no pueden desconocer su naturaleza pública (dictámenes N°s. 22.427-2006 y 70.401-2015). No se ajusta a derecho que ese Servicio celebre convenios directos con entidades recaudadoras y debe de iniciar alguno de los procedimientos regulados en la ley N° 19.886 y su reglamento.

Durante más de 20 años existió un funcionamiento compartido de sede social y jardín infantil, por lo tanto, al estar emplazado en un inmueble que no está destinado exclusivamente a la prestación del servicio educacional, el jardín infantil aludido queda excluida del traspaso.

Procede que se pague la totalidad del galardón aun en los casos de funcionarios que no se hayan desempeñado durante todo el año correspondiente, en la medida que cumplan los demás requisitos legales.

Las medallas fueron un obsequio de carácter protocolar, en el marco de la conmemoración de un acontecimiento histórico, siendo un acto ejecutado por el Presidente de la República quien, como Jefe de Estado, ejerció las potestades que le asisten para gobernar y conducir la política exterior.

Si bien la municipalidad se encuentra facultada para gestionar el personal de su dependencia, debe igualmente motivar sus actuaciones en los términos que la nutrida jurisprudencia de la Contraloría General y diversas sentencias de la Corte Suprema han establecido.

La Contraloría General determinó que los delegados presidenciales, tanto provinciales como regionales, pueden ejercer la autoridad para reclamar la devolución de inmuebles fiscales, no considerados bienes nacionales de uso público, que han sido ocupados por particulares.

El deber de fundamentación de los actos que afecten derechos de particulares no se cumple permitiendo que el interesado tenga acceso al expediente de calificación de invalidez. El afiliado tiene derecho a conocer los antecedentes de hecho y los fundamentos que motivan la decisión del organismo competente acerca de su invalidez.