La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, acogió parcialmente y por unanimidad amparo deducido por la Defensoría Penal Pública, en favor de tres internas del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, a quienes se les aplicaban medicamentos sin prescripción médica.
El TC español dictó sentencia en un recurso de amparo incoado por una actriz que alegó haberse vulnerado su derecho a la propia imagen, a raíz de la publicación de fotografías suyas en la playa.
Jaime Solís Pino, nuevo presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, junto con delinear lo que será su mandato, se refirió a su labor en el caso del asesinato del joven Jorge Matute Johns.
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo deducido por el INDH, en atención a los maltratos sufridos por un menor recluido en el Centro de Internación Provisoria de San Bernardo.
La moción de los diputados Arenas, Chaín, Edwards, Godoy, Monckeberg, Vallespín, Van Risselberghe, Velásquez, Venegas y Zalaquett expone que el desarrollo económico de nuestro país ha llevado a un fuerte crecimiento inmobiliario en las zonas denominadas urbes, especialmente del tipo “departamentos”.
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en contra de una organización animalista que realizó una protesta al interior de la catedral de Valparaíso por supuesto maltrato a perros vagos
“la demandada principal no se encontraba al día en el pago de las cotizaciones del seguro de cesantía de la actora al momento de su despido”
“resulta indispensable determinar el alcance de la supletoriedad del Código del Trabajo en este punto, puesto que su aplicación en defecto de norma expresa, no puede ser entendida de manera ilimitada”.
“analizada la probanza rendida, en particular, los dichos del actor, y su actuación posterior ante la inspección del trabajo, unido al testimonio de oídas de uno de los testigos, aparece que el hecho de haber efectuado una constancia ante la Inspección del Trabajo el día siguiente al despido verbal, da sustento a la teoría del caso de la parte demandante, pues es una máxima de la experiencia que el trabajador, al sentirse vulnerado en sus derechos laborales, como lo indica el actor en su demanda, acude al ente fiscalizador para dejar constancia del hecho, que en este caso, sería su despido verbal”.
Se dedujo acción de tutela laboral por prácticas antisindicales, con ocasión del despido de un trabajador contratado a plazo fijo, por supuesta vulneración de su libertad sindical, todo ello como consecuencia del hostigamiento, que se tradujo en controles mayores que a sus compañeros, malos tratos verbales y descalificaciones, lo que habría redundado en su posterior […]
