La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por los reportes sobre la alta prevalencia de violencia de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en Nicaragua y llama al Estado a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
De acuerdo a la CIDH con información de público conocimiento, el 20 de febrero de 2018 una niña de 12 años fue encontrada asesinada a machetazos, con signos de haber sufrido una violación sexual, en la localidad de Los Llanos. Este crimen se produjo en un contexto marcado por preocupantes reportes sobre asesinatos por motivos de género contra mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua, la falta de estadísticas precisas y confiables sobre estos hechos, y las falencias en la prevención, investigación y sanción de estos crímenes.
Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, afirmó que “el Estado nicaragüense debe reconocer la gravedad y extensión de la violencia en razón de género y comprometerse seriamente a abordar de forma inmediata estas violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes en el país”.
Además, la Comisión dice que ha recibido información preocupante sobre la prevalencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Nicaragua, que representaría el 80% de todos los casos denunciados de violencia sexual contra mujeres. Muchos de estos hechos son cometidos por personas cercanas a ellas como familiares, vecinos, conocidos, profesores y compañeros.
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH señaló que “en Nicaragua, muchas niñas y adolescentes afrontan embarazos no deseados como consecuencia de actos de violencia sexual. Estos embarazos son la consecuencia directa e inaceptable de un crimen, e impactan de forma severa en la vida, integridad y desarrollo personal de las víctimas. El Estado debe reconocerlo de esta manera”.
La Comisión recuerda que ante el asesinato de una mujer, niña o adolescente cometido en el marco de un contexto general de violencia basada en género, los Estados tienen la obligación de investigar de oficio las posibles connotaciones discriminatorias del delito, ya sea que se cometa en el ámbito público o privado.
A continuación, añade, que frente a los casos de violencia sexual, los Estados deben adoptar protocolos de investigación que eviten re-victimizar a las mujeres, niñas y adolescentes, así como facilitar el acceso a servicios integrales de apoyo y atención médica adaptada, incluida la interrupción legal, oportuna y segura de los embarazos resultado de violencia sexual.
También, la CIDH reitera que los Estados deben producir estadísticas integrales y debidamente desagregadas sobre las causas, consecuencias, frecuencia y respuesta estatal frente a estos actos. La información recopilada debe utilizarse como base para el diseño y la evaluación de la eficacia de los marcos normativos y las políticas públicas adoptadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes.

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