El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el inciso segundo del artículo 1° de ley N°18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y el inciso segundo del artículo 17 B de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. Dichos preceptos legales norman la procedencia de la substitución de ciertas penas en caso que el delito haya sido cometido empleando ciertas armas.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago por el delito porte ilegal de arma de fuego.
En su resolución, expone la Magistratura Constitucional sostiene que, de conformidad al mérito de los antecedentes, no lograron formar convicción, toda vez que el requirente no cumple con los requisitos previstos en el artículo 82 de la Ley N° 17.997, ya que el requirente no acompañó el certificado del tribunal en que actualmente se conoce la gestión pendiente en que inciden los preceptos impugnados. Señala el tribunal, que no obstante haberse acompañado un certificado, en este no se indican las partes en la gestión pendiente, sus domicilios ni apoderados, motivo por el cual la acción constitucional no puede continuar el curso progresivo.
Sin perjuicio de lo anterior, se otorgó al requirente un plazo de tres días para subsanar el defecto, bajo el apercibimiento de que si así no lo hace el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales.
Vea texto íntegro del requerimiento y expediente Rol N° 3231-16.
RELACIONADOS