El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente, al incumplir con la obligación contractual de trasportar a los usuarios en condiciones seguras.
El demandado alegó que no podía volver a discutirse el asunto por haberse concluido el proceso penal sin condena y con un acuerdo reparatorio, sin embargo, el Juzgado civil dejó establecido que eso sólo extinguía la responsabilidad penal, quedando vigente la civil.
El Tribunal estableció la responsabilidad y obligación del Estado de mitigar el daño causado a los familiares de la víctima.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se aumenta la suma que deberá recibir la víctima por concepto de daño moral.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, pero con declaración que se eleva la indemnización a $20.000.000, por concepto de daño moral.
El Tribunal de alzada duplicó el monto indemnizatorio, confirmó la responsabilidad del conductor en el accidente fatal y revocó la sentencia en la parte que había excluido de responsabilidad a la empresa.
