La buena fe se entenderá vulnerada cuando la realización de otras actividades sean contrarias a la recuperación de la salud, en tanto que de ello se derivaría un fraude y engaño para la empresa, como para el sistema nacional de Seguridad Social. No toda actividad realizada por el trabajador durante la situación de incapacidad justificaría el despido.

El actor debió haber acudido a la vía judicial en defensa de sus derechos, y no incumplir el contrato de trabajo, ya que la única forma de reivindicar sus derechos en este marco es mediante el ejercicio del derecho de huelga o por vía judicial, y no con medidas de presión encubiertas que no están amparadas por norma legal alguna, sino que son objeto de sanción conforme a la normativa.

No existe prueba de que el trabajador infringiera las prescripciones médicas sobre su recuperación. Además, no hubo acto de competencia desleal sino mera prospección de alternativas laborales futuras. No concurren en este concreto supuesto las exigencias previstas en la norma sobre la transgresión de la buena fe contractual.