El control de identidad estigmatiza a los sectores de la población históricamente discriminados debido a su edad, apariencia u origen.
La presentación busca que el Gobierno de Chile otorgue medidas especiales de protección en favor de los trabajadores de los campesinos, con el objeto de que quienes ven su derecho a la vida e integridad amenazados todos los días producto de la violencia rural que se vive en la zona, estén con mejores condiciones para realizar su vida.
El máximo Tribunal estableció que en resguardo del derecho a la vida del paciente es un deber ético y legal del centro asistencial.
El máximo Tribunal mantuvo lo decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago, sobre acceder a la inscripción de los niños con el apellido paterno de ambas mujeres, pero desestimó establecer la filiación respecto de ambas, por no estar contemplado en la legislación chilena.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que ordenó a la policía abstenerse de emplear sustancias químicas, en tanto no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente, que garantice la vida y la salud de las personas.
El máximo Tribunal decretó la absolución de los recurrentes, tras establecer su completa inocencia.
El máximo Tribunal acogió los recursos especiales deducidos y estableció que las sentencias condenatorias se dictaron con graves vulneraciones al debido proceso, tal como lo estableció la sentencia de la IDH que condenó al Estado de Chile en el caso caratulado: «Omar Humberto Maldonado Vargas y otros contra la República de Chile».
