La prohibición de la reelección presidencial indefinida busca evitar que una persona se perpetúe en el poder, y, de este modo, asegurar el pluralismo político y la alternancia en el poder. Tal criterio interpretativo, también expresado por la Corte Interamericana, debe ser considerado por este Tribunal.

La afectada fue víctima de violación sexual perpetrada por cinco reclusos, no se le brindó atención médica especializada, ni se tomaron medidas para proteger su integridad, se la trasladó a un recinto hacinado y el proceso penal en su contra se prolonga por más de 20 años.

Se requiere una actuación pronta y expedita de parte del Estado, considerando que el propuesto beneficiario se encuentra bajo su custodia y continuaría sufriendo episodios frecuentes de convulsión en el tiempo. De manera reciente, se informó, por ejemplo, que se habría lesionado en un episodio epiléptico del 7 de agosto de 2023.

La pobreza afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Los costos adicionales de vivir con una discapacidad equivalen a una “barrera infranqueable” para el ejercicio de los derechos de este colectivo. La pobreza y la pobreza extrema se presentan como factores ambientales y sociales de riesgo que inciden en el desarrollo de una discapacidad.

El desplazamiento ha significado la pérdida de identidad social y cultural, en particular, para los Pueblos Indígenas, que tienen un especial apego a sus tierras ancestrales. Familias indígenas desplazadas lamentaron que las nuevas generaciones hayan perdido el vínculo con su territorio, y se hayan debilitado sus usos y costumbres.

CIDH insta a los Estados miembros de la OEA a erradicar las prácticas médicas que no sean urgentes o médicamente necesarias respecto de las personas intersex, si ellas mismas no consienten dichas intervenciones, tomando en cuenta las consecuencias de estas para el resto de sus vidas.

El Estado se encuentra en una posición especial de garante que implica el deber de respetar la vida, integridad, salud y demás derechos humanos de las personas privadas de libertad, en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.

El Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, lo que incluye prevenir ataques contra la vida de una persona por su actividad política. La violencia por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios que fundamentan el Estado de Derecho.

En los últimos años, los esfuerzos por poner de relieve la importancia de respetar y garantizar los derechos de las personas mayores en las Américas y el Caribe se ha vuelto una cuestión de orden público internacional. La CIDH en 2017 creó la Unidad para los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, con la intención de profundizar su institucionalidad, desde el 2019 la Unidad se convirtió en Relatoría Temática.

Resultan graves los hostigamientos en la vía pública, las llamadas amenazantes a números privados del juez, las manifestaciones públicas con artefactos pirotécnicos frente a su residencia y las manifestaciones con discursos agresivos dirigidos en su contra frente a su sitio de trabajo. Estas situaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y la de su núcleo familiar, además de generar intimidación, angustia y temor.