El Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, lo que incluye prevenir ataques contra la vida de una persona por su actividad política. La violencia por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios que fundamentan el Estado de Derecho.

En los últimos años, los esfuerzos por poner de relieve la importancia de respetar y garantizar los derechos de las personas mayores en las Américas y el Caribe se ha vuelto una cuestión de orden público internacional. La CIDH en 2017 creó la Unidad para los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, con la intención de profundizar su institucionalidad, desde el 2019 la Unidad se convirtió en Relatoría Temática.

Resultan graves los hostigamientos en la vía pública, las llamadas amenazantes a números privados del juez, las manifestaciones públicas con artefactos pirotécnicos frente a su residencia y las manifestaciones con discursos agresivos dirigidos en su contra frente a su sitio de trabajo. Estas situaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y la de su núcleo familiar, además de generar intimidación, angustia y temor.

El contenido del acuerdo es consistente con los estándares en materia de derechos humanos, ya que se integraron elementos como medidas de satisfacción, rehabilitación, compensación económica y de no repetición, que se consideran oportunas dentro del escenario fáctico del caso particular, siendo acordes con los diversos pronunciamientos de la CIDH.

En los casos de violaciones graves a los derechos humanos las competencias y los correlativos deberes del Ministerio de Relaciones Exteriores deben ser entendidos de manera más amplia, por cuanto su papel no se debe limitar a realizar una actividad mecánica de simple intermediario o impulsor de documentación, sino al de actuar como una instancia que demande a las distintas autoridades competentes resultados concretos.

Las mujeres privadas de libertad embarazadas, en posparto y lactantes tienen derecho a recibir atención pre y posnatal adecuadas. En específico, se debe “proveer atención médica especializada que responda a las necesidades derivadas de su estado, la cual debe ser prestada por personal médico calificado en el lugar de detención y equiparable al cuidado que recibirían en la comunidad”. En caso que ello no sea posible se debe garantizar el acceso frecuente a centros de salud de la comunidad.

En virtud de la Convención Americana, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados.

Los beneficiarios fungen como virtuales presidente y vicepresidenta, y en dichas calidades representarían el más alto mandato político del país. En ese sentido, esta Comisión estima que el grado de protección que se brinda a través de los esquemas de seguridad deben ser ponderados de cara a los factores riesgos a los que se encuentran expuestas las personas propuestas beneficiarias dado su actual perfil, situación alegada y actual contexto.

En vista de la continuidad de las amenazas de muerte en contra del propuesto beneficiario, sumado a los cuestionamientos presentados frente al esquema de protección que tendría, además de la posibilidad de que sea alterado sin coordinación previa, esta Comisión entiende la inminente posibilidad de que se materialice el riesgo en el actual contexto del país.

La situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, al guardar relación con labores de defensa de derechos humanos y la persecución de los agresores, a la luz de las denuncias presentadas, de tal forma que resulta necesario reforzar de manera inmediata medidas para salvaguardar los derechos de las afectadas.