Conocida como Ley de Usurpaciones, sanciona con presidio toda hipótesis de usurpación de inmuebles.
La norma en segundo trámite constitucional, que además de proteger iglesias o lugares destinados al culto religioso apuntaba a los establecimientos educacionales, no alcanzó el quórum necesario de aprobación.
Sanciona penalmente a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o daños en las cosas.
Esta pena produce la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en organizaciones deportivas y la incapacidad perpetua para obtener cargos, empleos, oficios y profesiones en organizaciones deportivas.
No resulta plausible sostener que un agente estatal pueda alegar el desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta constitutiva de un apremio ilegítimo, u otro trato cruel, inhumano o degradante, y tal conclusión no cambia por el hecho de que al tipo penal se introduzcan elementos normativos o se efectúe una remisión a reglamentos a efectos de delimitar el ámbito de lo punible.
La iniciativa busca endurecer las sanciones relacionadas con la utilización de menores en la comisión de delitos y responsabilizar a los adultos que participen en estos actos, para lo cual modifica el artículo 72 del Código Penal en busca de crear un marco legal más sólido que desincentive la involucración de menores en actividades criminales y promueva la protección de los derechos y la seguridad de los niños y adolescentes en el país.
La iniciativa busca tipificar de manera clara y precisa esta modalidad delictiva, reconociendo su gravedad y el impacto que tiene en la seguridad y bienestar de la población. Entre las principales medidas que contempla se encuentra la inclusión de agravantes y penas accesorias, incluso la inhabilitación perpetua para obtener una licencia de conducir, para aquellos que cometan robos en motocicleta o bicimoto de manera violenta o sorpresiva.
Prescriben la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan purgado una pena por los delitos de homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, estableciendo para ello modificaciones al Código Penal. También amplía el control de identidad de los detenidos de 4 a 12 horas.
Al no aplicar la norma de carácter general contemplada en el artículo 104 del Código Penal, la sentenciadora del fondo ha incurrido en un error de derecho, al aplicar en forma incorrecta el artículo 196 de la Ley del Tránsito e imponer la pena accesoria de suspensión de la licencia de conductor por el término de cinco años, y no por dos años.
Establece una serie de medidas tendientes a prevenir la compraventa de vehículos motorizados robados o hurtados, entre ellas, la obligación del grabado de la patente en vidrios.
