Con fecha 24 de noviembre de 2023, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.633, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

La ley iniciada por moción de los senadores Felipe Kast, José García, Francisco Chahuán y Kenneth Pugh; por la senadora Carmen Gloria Aravena y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer, tiene su origen en una serie de hechos que han conmocionado al país, y que dan cuenta de las consecuencias de la ocupación ilegal de inmuebles, que contaba con una baja penalidad, por lo que muchas personas se vieron interesadas en cometerlo, a cambio de los grandes beneficios económicos reportados.

En concreto, introduce una serie de modificaciones a distintos textos legales con el objeto de regular las diversas hipótesis de ocupación ilegal de inmuebles, fijar nuevas penas y establecer mecanismos para su restitución.

En el Código Penal incorpora los siguientes cambios:

1. 1. Modifica el artículo 457 para sancionar con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo la ocupación de inmuebles con violencia o intimidación en las personas.
2. 2. Agrega un artículo 457 bis, para sancionar la ocupación de inmuebles con daño en las cosas, diferenciando su pena según el daño causado. Así, se impone como sanción más gravosa presidio menor en su grado medio, si el importe del daño causado excede 40 UTM.
3. 3. Reemplaza el artículo 458 a fin de sancionar las ocupaciones sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, aplicando una pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM, la que se determinará considerando las circunstancias descritas en la misma disposición.
4. 4. Introduce un nuevo artículo 462 bis, sancionando con multa de 6 a 10 UTM la destrucción o alteración de los términos o límites de un inmueble para posibilitar la posesión; o la instalación de banderas, estacas u otras demarcaciones para manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación.
5. 5. Introduce el artículo 470 bis, que impone penas aumentadas en un grado a quienes, mediante engaño, induzcan a otros a celebrar actos o contratos con el objetivo de transferir la propiedad o conceder el uso y goce de un terreno sin tener título legítimo ni autorización válida, causando perjuicio patrimonial a la víctima.

En el Código Procesal Penal, se efectúan modificaciones en el siguiente sentido:

1. 1. Modifica el artículo 134, permitiendo la detención por flagrancia de personas que cometan delitos de ocupación de inmuebles, según lo descrito en los artículos 457, 457 bis, 458 y 458 bis del Código Penal, bajo ciertas circunstancias definidas en el artículo 130 del mismo Código.
2. 2. Incorpora un nuevo artículo 157 ter que faculta al Ministerio Público o a la víctima para solicitar al juez el desalojo del o los ocupantes ilegales del inmueble, independiente si la causa está formalizada o no.
3. 3. Modifica el inciso segundo del artículo 189 permitiendo la restitución anticipada de los inmuebles objeto de usurpación en cualquier estado del procedimiento, una vez comprobado su dominio o tenencia y establecido su valor.
4. 4. Por otro lado, modifica el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de sancionar al ocupante o poseedor que pretenda transferir el dominio de inmuebles ocupados ilegalmente.

De igual forma, modifica el decreto ley N° 2.695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz, en los siguientes términos:

1. 1. Incorpora en el artículo 2 un nuevo requisito para solicitar el reconocimiento de la calidad de poseedor regular, en concreto, acreditar, mediante declaración jurada, que no existe juicio pendiente o sentencia condenatoria respecto al delito de usurpación.
2. 2. Reemplaza el artículo 6, disponiendo que la exigencia de no existir juicio pendiente se acreditará mediante certificado expedido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
3. 3. Incorpora un inciso final al artículo 8 con el fin de precisar que las normas sobre regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz no son aplicables mientras exista juicio pendiente por el delito de usurpación.
4. 4. Modifica el artículo 9 para considerar como conducta dolosa obtener el reconocimiento de poseedor regular mientras exista juicio pendiente o sentencia condenatoria por el delito de usurpación.
5. 5. Reemplaza el artículo 12 para exigir, en el marco del procedimiento destinado a obtener el reconocimiento de la calidad de poseedor regular y en caso de no existir oposición, acreditar a través de una declaración jurada que no hay juicios pendientes por el delito de usurpación.
6. 6. Por último, la iniciativa faculta al Director del Servicio de Vivienda y Urbanización para deducir acciones y querellas respecto de hechos constitutivos del delito de usurpación, que se hayan cometido en el territorio de su competencia.

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