La acusada intentó revertir el fallo indicando que los agentes de aduanas no poseen la facultad para registrar sus vestimentas, y que no fue juzgada con perspectiva de género al estar embrazada. El máximo Tribunal expresó que los agentes fronterizos están autorizados por ley a practicar el registro a quienes ingresan al país, y que el estado de gravidez no es una condición eximente de responsabilidad penal.