La entidad no contaba con mecanismos idóneos para el cumplimiento de la normativa que rige el proceso de Aceptación de Ofertas de los afiliados.
La recurrida alegó que dichos procedimientos y sus consecuencias no estaban cubiertas por la póliza de seguro.
La recurrida cubrió el siniestro al beneficiario y pretende que la actora reintegre lo pagado.
La aseguradora debe considerarse como deudora de las prestaciones que la ley prescribe, sin perjuicio de su facultad de repetir contra el empleador. La ley contempla el caso del empleador que ha omitido denunciar la obligación de pago o la contratación de un trabajador.
La acción impetrada no reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad, toda vez que, no resulta ser la vía idónea, al exceder las materias que deben ser conocidas por esa vía atendida su naturaleza cautelar.
El máximo Tribunal descartó infracción en el fallo impugnada, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró prescrita la demanda.
El recurrente estimó vulneradas su garantía constitucional del derecho de propiedad.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar el pago de los gastos de hospitalización y atenciones de cuadro infeccioso grave, derivado de una mala praxis médica.
