La próxima semana la Comisión de Seguridad Pública conocería los alcances de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a dicha iniciativa, clave en la persecución criminal.

La comisión confirmó que existe un 123,4% de ocupación a nivel nacional, deficiencias en los programas de reinserción social, recurrencia de la violencia a nivel interno y creciente influencia de las bandas criminales, que hace necesario repensar la forma en que se segregan los reclusos en Chile.

La iniciativa busca corregir falencias para dotar de estabilidad y seguridad al sistema penitenciario, mediante el diseño e implementación de políticas carcelarias en orden a prevenir, disuadir y desmantelar estas organizaciones y su actividad delictiva.

En la actividad convocada por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma y el director de la BCN participó la ministra del Interior, Carolina Tohá y ex ministros de la cartera. El trabajo, realizado por investigadores de la BCN, busca entregar «una mirada seria, objetiva y basada en la evidencia». «La idea, es ser una contribución para políticas públicas, investigadores, académicos y tomadores de decisiones».

Las recientes amenazas en contra de los propuestos beneficiarios, permiten evidenciar la posibilidad de que, de manera inminente, estos afronten nuevos hechos de riesgo. En consecuencia, la Comisión advierte sobre la necesidad de que se adopten medidas de protección inmediatas, así como que se efectúen las medidas de concertación correspondientes.

El fiscal nacional resolverá las contiendas de competencia entre un fiscal regional y el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, es decir, cuando ambas autoridades de la Fiscalía se disputen las atribuciones para dirigir determinada investigación.

Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que el desafío está en robustecer las instituciones e innovar en el combate contra el contrabando, el tráfico de drogas, la internación de armas de contrabando, el blanqueo de capitales y otros tipos de fraude o conductas que tienen por objeto un ilícito.

El senador Juan Antonio Coloma relevó que se hayan despachado 23 iniciativas, pero lamentó que existan algunas sin avanzar. Hizo un llamado a impulsar la Defensoría de la Víctimas, la modernización del sistema de inteligencia y las reglas del uso de la fuerza, entre otras.

Hasta el 11 de enero se podrán presentar indicaciones al proyecto que establece una serie de medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, permitiendo así perseguir «la ruta del dinero».

El intercambio de información es fundamental para el trabajo investigativo, tanto de la Fiscalía de Chile como de Bolivia. Necesitamos comunicaciones inmediatas, expeditas y claras, con información que realmente brinde apoyo.