Proyecto de ley exige examen obligatorio de control de drogas al Presidente de la República y a los ministros de Estado.
Se busca asegurar el correcto desempeño de las funciones públicas y aumentar los niveles de probidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de aquellos cargos, además de mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las máximas autoridades de la República.