El Senado de Brasil aprobó un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas sin importar la cantidad, una medida vista como un desafío a la corte suprema, que evalúa la despenalización del cannabis para uso personal.
Elimina el criterio de cantidad para determinar la punibilidad del delito y realiza una diferenciación entre traficantes y consumidores, para ayudar a estos últimos a tratar sus problemas de adicción. Del mismo modo, hace equiparables las drogas sintéticas con las llamadas drogas tradicionales.
El Tribunal condenó, además, al acusado Germán Alfredo Soto Malig a dos penas de cumplimiento efectivo de 4 años de reclusión, en calidad de coautor de los delitos.
El tribunal aplicó, además, a Soto Torres las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de una multa a beneficio fiscal de 10 UTM (por el delito de tráfico).
El Tribunal de alzada rechazó la solicitud incluida en recurso de protección, permitiendo la implementación del examen a diputados y diputadas en ejercicio y la difusión del listado de parlamentarios a quienes se aplica la prueba.
El “automatismo” causado por la sobredosis de una droga provoca que el individuo pierda el control de sus actos y, por lo tanto, en tal circunstancia es posible inferir que no ha querido causar daño.
Cabe descartar la existencia de un montaje policial para incriminar al condenado, al verificar su participación en diversos ilícitos junto a otro coimputado investigado.
Se busca asegurar el correcto desempeño de las funciones públicas y aumentar los niveles de probidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de aquellos cargos, además de mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las máximas autoridades de la República.
La iniciativa considera que este dispositivo presenta resultados que inclusive conducen hasta la abstinencia pero actualmente su colocación y tratamiento privado bordea los $300.000.
Existen antecedentes suficientes que indican la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como consecuencia de una política del Estado, en el sentido de los artículos 7.1 y 2.a del Estatuto de Roma.
A menos que justifiquen su consumo para un tratamiento médico.
