Es imprescindible ejercer la debida diligencia, incluida la supresión excepcional de garantías individuales que no pueden ser utilizadas como verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas, ni como argumento para la supresión o reducción de la responsabilidad civil o penal por actos delictivos, so pena de faltar al verdadero Estado de Derecho.

La conducta de la autoridad de gobierno respecto a la demandante, expresada en un tuit supuestamente difamatorio, no se relacionó con sus actividades como ministro o parlamentario. Por lo que la negativa a levantar su inmunidad impidió el acceso de la actora a un tribunal, en contravención del artículo 6 del Convenio.

Por utilizar únicamente la vía del derecho penal, el demandante se había privado de la posibilidad de obtener una reparación a través de los procedimientos civiles disponibles para él. De este modo, limitó el alcance del examen de los tribunales nacionales, que sólo pudieron pronunciarse sobre la falta de gravedad de la supuesta infracción a los efectos del derecho penal.

El artículo 373, 370, y 399 del Código Procesal Penal otorgan legitimidad al condenado y no a la parte acusadora, debido a que es el primero el que sufre el rigor del ius puniendi estatal.